La Necesidad de Establecer Límites a la Buena Fe Pública Registral: Casación N° 26833-2018 UCAYALI

Abstract

A través del presente trabajo se examinará los fundamentos jurídicos que sustentan la nulidad de actos jurídicos por objeto jurídicamente imposible y fin ilícito, así como su vínculo con la buena fe pública registral, en el contexto de la Casación N° 26833-2018-UCAYALI. El presente caso surge de la compraventa de un bien inmueble cuya transferencia fue cuestionada por graves vicios en su causa y objeto. La sentencia de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, ordenando la nulidad de las escrituras públicas y de las respectivas inscripciones en los registros públicos. A través de la selección de fuentes, en las que se ha tomado libros, artículos científicos y jurisprudencia relevante para el presente caso, mismas que abordan la tensión entre la buena fe pública registral, entendida como la confianza legítima que otorgan los registros públicos a los terceros que actúan de buena fe y que dependen de la veracidad de los registros para la seguridad jurídica. El estudio concluye que la apariencia formal generada por el registro no puede prevalecer sobre la existencia de un acto contaminado de ilicitud material, reforzando así el valor que tiene la buena fe pública registral.

This study undertakes a doctrinal analysis of the legal foundations that sustain the nullity of juridical acts on the grounds of an objectively impossible object and illicit purpose, as well as their doctrinal and jurisprudential nexus with the principle of good faith in public registry systems. The analysis is situated within the framework of Supreme Court Decision No. 26833-2018-Ucayali. The court of first instance partially upheld the claim, declaring the nullity of the public deeds and ordering the cancellation of the respective entries in the public registry. This examination is informed by a critical review of authoritative sources, including doctrinal treatises, peer-reviewed legal scholarship, and pertinent case law, all of which explore the inherent tension between the public registry’s presumption of legitimacy and the safeguarding of legal certainty through the principle of public good faith. The study concludes that the formal presumption of validity afforded by registration cannot override the material unlawfulness of an act the analysis affirms the preeminence of substantive legality as a necessary complement to the principle of public registry good faith.