Vulneración de la Legalidad y Principios Estructurales del Estado por el Tribunal Constitucional al Reinterpretar Competencias de la Contraloría General

Abstract

La presente investigación analiza los límites constitucionales que debe respetar el Tribunal Constitucional del Perú al reinterpretar competencias asignadas por la Constitución a otros órganos del Estado. El estudio parte de un caso emblemático: la Sentencia 193/2024 recaída en el Expediente 00026-2021-PI/TC, en la cual el Tribunal resolvió parcialmente a favor de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley N.º 31288, que modificaba disposiciones clave sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. A través del análisis del caso, se abordan dos aspectos centrales: los principios constitucionales que limitan el alcance interpretativo del Tribunal, y los efectos que tales reinterpretaciones pueden tener sobre la autonomía y el funcionamiento de órganos constitucionales como la Contraloría. Se concluye que, si bien el Tribunal tiene la función de interpretar la Constitución, dicha facultad no debe desnaturalizar el equilibrio funcional establecido por el constituyente, ni reemplazar al legislador en la definición de competencias específicas. El estudio se apoya en los fundamentos de la sentencia, así como en los votos individuales de los magistrados, que evidencian distintas posturas sobre el alcance del control constitucional. Esta discusión no sólo tiene implicancias jurídicas, sino también institucionales, al poner en juego el principio de separación de poderes y el respeto por la orden constitucional del Estado peruano.

This research analyzes the constitutional limits that the Constitutional Court of Peru must observe when reinterpreting powers expressly assigned by the Constitution to other State organs. The study is based on an emblematic case: Judgment No. 193/2024 issued in Case File No. 00026-2021-PI/TC, in which the Court partially upheld a claim of unconstitutionality filed by the Executive Branch against Law No. 31288, which amended key provisions concerning the sanctioning authority of the Office of the Comptroller General of the Republic. Through the analysis of this case, two central issues are addressed: the constitutional principles that restrict the interpretive scope of the Court, and the effects that such reinterpretations may have on the autonomy and functioning of constitutional organs such as the Comptroller’s Office. It is concluded that, although the Court has the function of interpreting the Constitution, this faculty must not distort the functional balance established by the constituent power, nor replace the legislature in the definition of specific competences. The study draws upon the legal reasoning of the judgment, as well as the individual votes of the justices, which reflect diverse positions on the scope of constitutional review. This debate carries not only legal implications, but also institutional ones, as it involves the principle of separation of powers and the preservation of the constitutional order of the Peruvian State.