El procedimiento administrativo sancionador: nuevo enfoque en su aplicación por entidades del sector público que ejercen potestad sancionadora a los administrados

Abstract

El presente trabajo de investigación ha permitido poner en primer plano las principales falencias del sistema administrativo sancionador. Nos hemos enfocado especialmente en el sector pesca (Ministerio de la Producción - PRODUCE), como el caso emblemático en cuanto a defectos normativos y procedimentales, y sobre la base de la comparación con entidades como OSINERGMIN y OEFA, hemos podido identificar incumplimientos de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y culpabilidad que recoge la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), así como casos de sanciones basadas en interpretaciones inconsistentes, generando en los administrados falta de predictibilidad y desigualdad en el trato. El procedimiento sancionador en PRODUCE ha sido el principal ejemplo; sin embargo, sus falencias son solo la punta de un iceberg mucho más grande que se presenta transversalmente en la administración pública, por ello nos hemos permitido considerar, como alternativa de solución al problema planteado, que la LPAG contenga un marco general para toda la Administración Pública que cuente con potestad sancionadora y que, de acuerdo a la especialidad de cada entidad, estas cuenten con una regulación interna alineada que les permita ejercitar la mencionada potestad de la manera más objetiva y predictible posible. En ese sentido, postulamos la aprobación de una Directiva Nacional que Regula la Creación de Procedimientos Administrativos Sancionadores, la misma que contenga pautas generales de obligatorio cumplimiento para todos los sectores regulados por la LPAG, la misma que deberá enfocarse en el diseño del procedimiento sancionador, así como en el impacto regulatorio, logrando así la tan ansiada uniformidad.

This research highlights the systemic flaws within Peru's administrative sanctioning system. Our analysis of the fishing sector, overseen by the Ministry of Production (PRODUCE), reveals significant regulatory and procedural shortcomings. Comparative studies with OSINERGMIN and OEFA expose violations of the General Administrative Procedure Law (LPAG) principles, such as legality, proportionality, and due process. Inconsistencies in sanctioning practices have resulted in unpredictability and unequal treatment for regulated entities. While PRODUCE exemplifies these issues, the problem is systemic. To address this, we propose a comprehensive overhaul of the LPAG, establishing a standardized framework for all public administrations with sanctioning authority. Each entity would develop aligned internal regulations to ensure objective and predictable sanctioning processes. Specifically, we advocate for a National Directive that mandates standardized administrative sanctioning procedures across all sectors regulated by the LPAG. This directive would focus on procedural design and regulatory impact, thereby promoting uniformity and enhancing the overall effectiveness of the sanctioning system.