La autoproducción es un nuevo mecanismo de oferta en el mercado de electricidad que permite al usuario ser a la vez generador de electricidad, consumir su producción e inyectar los excedentes, haciéndose acreedor de un derecho de compensación futura. La investigación desarrolla las implicancias regulatorias que impactan a los usuarios, a las empresas generadoras, a las distribuidoras y a los usuarios, estableciendo que no representa mayor riesgo que una competencia a menor escala, que el usuario tiene derecho a autoabastecerse, sin dejar de lado su responsabilidad por la red a la que se encuentra conectado y no tomando ventajas respecto de los usuarios que no entren en el régimen del autoconsumo. Entre las ventajas de la autoproducción se identifica un ahorro por el consumo de la generación propia, la mitigación de la dependencia de las fuentes convencionales de generación, la reducción de los costos en las pérdidas por el transporte de electricidad, la promoción de energías limpias. Como desventajas se evalúa la necesidad de contar y remunerar el respaldo energético por la intermitencia de la generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, la posible afectación a las inversiones en las redes de distribución, los costos iniciales de inversión y de administración de las unidades de generación dispersas, el trámite y acceso a la conexión. Desde el punto de vista regulatorio, habiendo demostrado la rentabilidad del proyecto con una evaluación de costos, la medición neta, como mecanismo de para la autoproducción, puede ser desarrollada en nuestro país y en la presente investigación se plantea las reformas normativas para hacerlo viable con probabilidad de éxito, consistentes entre otros, en establecer un límite individual de capacidad efectiva (instalada), un límite acumulado de capacidad a nivel país como primera etapa, la necesidad de establecer un pago fijo por la confiabilidad y posibilidad de inyecciones de energía a la red, y un neteo de derechos energéticos a ser compensados en un periodo de doce meses, luego de lo cual, el derecho pasará a favor de la distribuidora; que junto a las reglas claras y simples de los trámites para ser autoproductor, conllevaría a un beneficio parar el sector y la sociedad en su conjunto.

El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de proponer lineamientos de aspectos regulatorios de la Micro Generación Distribuida Residencial Fotovoltaica (MGDRF), para que los usuarios regulados residenciales que consumen energía eléctrica de la red, tengan la facultad de producir energía eléctrica para su autoconsumo, obteniendo un reconocimiento económico por sus excedentes que se inyectan a la red eléctrica. Cabe precisar que los usuarios residenciales, no tienen capacidad de negociación con sus suministradores (distribuidores) para reducir sus facturaciones por energía eléctrica. La implementación de la MGDRF, brinda la oportunidad de generar energía eléctrica libre de contaminación sonora y ambiental, siendo necesario su regulación a fin de que se defina principalmente la potencia máxima a generar, requisitos y criterios técnicos que se deben cumplir, así como establecer el mecanismo comercial por la energía inyectada a la red, cuando la generación sea mayor a la energía autoconsumida. Mediante el trabajo desarrollado se han evaluado aspectos regulatorios de diversos países, asimismo, se han efectuado evaluaciones económicas para elegir el mecanismo comercial que genere mayores incentivos para que los usuarios tomen la decisión de realizar la inversión de la MGDRF. Para lograr el desarrollo de la Generación Distribuida en el menor plazo posible, como viene sucediendo en otros países, es necesario que no se continúe postergando la aprobación del Reglamento de Generación Distribuida. Para ello, consideramos que debe promoverse la MGDRF por ser una energía limpia, accesible y con bajo impacto técnico económico en la operatividad de la empresa de distribución.

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la necesidad, factibilidad y pertinencia del uso de la geotermia en la generación eléctrica, haciendo un análisis legal, técnico y ambiental, considerando los compromisos internacionales adquiridos por Perú en las Convenciones Internacionales para el uso de energías renovables. Los aspectos técnicos, serán determinados por la calidad de material que se extraiga. De hecho, se cuenta con un Plan Maestro y valiosos estudios realizados por instituciones extranjeras que aseguran la existencia del recurso, la procedencia y factibilidad de su explotación. En cuanto al financiamiento de estos proyectos, se consideró realizar entrevistas a personas del Sector Público y Privado involucradas en la problemática energética y medio ambiental. Analizados los resultados, se concluyó oportuno y procedente el uso de esta nueva energía, mostrándose el sector privado, favorablemente interesado en realizar inversiones en el Perú. Además se analizó la legislación relativa a la generación eléctrica, la normativa medio ambiental relacionada, las leyes que rigen la explotación de los recursos usados para generar energía eléctrica y el impacto de estas en la conducta del ciudadano común, sobre el daño que se viene causando por el uso de recursos contaminantes, así como la falta de autoridad que vele por el cumplimiento de las leyes y sanciones a los infractores. Finalmente se concluye que, en condiciones adecuadas, es factible y procedente la explotación del recurso geotérmico, proponiendo la participación de éste en la subasta energética de recursos energéticos renovables, para permitir su inclusión en la Matriz Energética Peruana.

La protección de la salud y seguridad de los consumidores como derecho recogido en la Constitución Política del Perú y en el Código de Protección y Defensa del Consumidor busca concretarse, entre otros mecanismos, mediante el sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos riesgosos. Dicho sistema establece la obligación del Estado de contar con un mecanismo preventivo que permita evitar que productos riesgosos se encuentren al alcance de los consumidores. La implementación del referido sistema de alerta temprana, prevista desde el 2010, viene dilatándose de modo que, a la fecha, no contamos con el mismo. La presente investigación, aborda la problemática de la pendiente implementación del sistema de alerta y la falta de actuación oportuna frente a productos riesgosos, determinando la necesidad de su pronta implementación y los obstáculos que presenta a la fecha, como la nula claridad respecto de las competencias asignadas y la variedad de normas existentes que agravan dicha situación, entre otros. Adicionalmente, se analizan los sistemas que diversos países han desplegado, observándose que se trata de un tema de reciente desarrollo, y se establecen las pautas a tomar para una implementación efectiva en nuestro país, entre ellas: (i) el fortalecimiento de las funciones de la autoridad de consumo , (ii) el monitoreo internacional para vigilar la seguridad de los productos que ingresan al país y, (iii) el intercambio de información constante con los hospitales y clínicas a efectos de determinar los productos que están generando lesiones y proceder con su retiro del mercado.

En la actualidad, el Perú carece de una política pública que tenga como finalidad primordial impulsar el comercio electrónico B2C (business-to-consumer), lo cual se refleja en el nivel incipiente de ventas por internet que tiene nuestro país en comparación a otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile o Colombia. El presente trabajo tiene como objetivo identificar una oportunidad de mejora en la legislación, en particular, en la legislación de protección al consumidor, a través de una propuesta normativa que prevea la obligación de los proveedores de revelar información mínima sobre aspectos esenciales de una transacción electrónica, a fin de (i) generar confianza en el consumidor; y, (ii) consolidar el desarrollo del comercio electrónico en el país. Para determinar las principales causas que impiden la consolidación del comercio electrónico B2C en nuestro país y evaluar el impacto que generaría en los consumidores la implementación de una norma que consagre la obligación de brindar información mínima en dicho entorno digital, se efectuó una encuesta no probabilística a internautas y, asimismo, se realizaron entrevistas a especialistas en la materia. Asimismo, el trabajo se basó en el estudio de instrumentos internacionales, legislación comparada, doctrina especializada y experiencias de otros países. Finalmente, si bien el presente trabajo se enfoca en la importancia de la información en el entorno digital, reconoce la importancia de otros mecanismos complementarios que coadyuvarían a generar mayor confianza en el consumidor peruano respecto a la contratación electrónica, como la autorregulación y las campañas educativas.

El mercado eléctrico peruano actual es producto de una regulación que buscó introducir competencia en un entorno absolutamente regulado en el pasado por el Estado. Los cambios introducidos por la LCE contribuyeron a ampliar e integrar el SEIN y a reconocer la inversión privada en generación de energía. Asimismo, se han introducido cambios para contribuir a la confiabilidad y seguridad del sistema, entre ellos la diversificación de la matriz energética y la promoción de las RER. Sin embargo, si bien los cambios introducidos contribuyeron a la diversificación de la matriz y a promover las inversiones en generación, actualmente han devenido en insuficientes para el sector. En el presente trabajo demostramos que el mercado eléctrico tiene dos fallas que necesitan corregirse urgentemente. La primera falla de mercado es la vulnerabilidad del sistema, que está expuesto a desastres naturales. La segunda es la sobreoferta generada por la implementación de regulación destinada a promover la inversión en proyectos de generación de energía. El objetivo del presente trabajo es proponer un cambio regulatorio para continuar con la diversificación de la matriz energética de manera eficiente, y reducir la brecha entre la sobreoferta y la demanda de energía eléctrica. Para ello, en el Capítulo 1 se analiza el marco regulatorio energético del Perú y se identifican las fallas del mercado eléctrico, que afectan a todos los generadores, en especial a los eólicos, toda vez que no se les reconoce potencia firme. Asimismo, se revisa la normativa aplicable en el Perú para la remuneración de la generación con RER y, particularmente, para la generación eólica, identificando algunas fallas regulatorias que se pueden corregir si se implementan los cambios que se proponen en el presente trabajo. En el Capítulo 2 se explica por qué es necesaria una reforma regulatoria para solucionar las fallas de mercado de energía y se presenta una propuesta de reforma, por medio de decreto supremo, que busca introducir mayor competencia en el sector eléctrico y se propone una metodología de cálculo para reconocer potencia firme a las RER eólicas. El Capítulo 3 se concentra en el estudio y análisis de un RER, específicamente el eólico. Al respecto, se ha trabajado los datos de análisis del recurso eólico para determinar la salida de energía (o producción de energía) de los aerogeneradores que componen el parque eólico. Para dicho objetivo se ha utilizado el método de la distribución de Weibull. En el Capítulo 4 se demuestra que los cálculos realizados con la metodología empleada en el Capítulo 3 constituyen información confiable para asegurar la generación de energía, por lo que se propone garantizar la potencia firme que actualmente se considera cero (0) en el PR-26 del COES. Finalmente, se concluye con las ventajas de las medidas propuestas, que están basadas en la introducción al mercado de mecanismos más competitivos en la generación, de manera que los generadores compitan todos en igualdad de condiciones y los clientes libres puedan seleccionar en base al precio, de manera que permanecerán las empresas más eficientes.