Los peligros de la revocatoria indirecta: Vulneración del derecho de defensa y debido procedimiento

Abstract

La revocatoria de actos administrativos es un tema muy debatido en la actualidad. Esto se debe, en gran medida, a que confiere a la Administración Pública la facultad de extinguir los derechos de los administrados, por lo que su mal uso podría ocasionar la denominada revocatoria indirecta o ilegal vulnerando así el debido procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese contexto, llevaremos a cabo un análisis crítico de la Casación 774-2020, en donde cuestionamos la posible existencia de una revocación indirecta por parte de la Municipalidad de Miraflores. Este análisis se centrará en la modificación parcial de una licencia de funcionamiento a favor de la empresa JCH EIRL, la misma que fue “regulada” mediante la ordenanza 263-2007.

En atención a ello, se propondrán soluciones para restringir el uso indiscriminado y arbitrario de la “revocación” por parte de las municipalidades provinciales o distritales; para así proteger el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, así como el derecho al debido procedimiento que ostentan los administrados en el marco constitucional y administrativo.

The revocation of administrative acts is a highly debated topic nowadays. This is largely because it grants the Public Administration the authority to extinguish the rights of the administered, and its misuse could lead to the so-called indirect or illegal revocation, thereby violating the due process established in articles 203 and 205 of Law 27444 - General Administrative Procedure Law. In this context, we will carry out a critical analysis of Cassation 774-2020, where we question the possible existence of an indirect revocation by the Municipality of Miraflores. This analysis will focus on the partial modification of an operating license granted to the company JCH EIRL, which was purportedly "regulated" by ordinance 263-2007.

In light of this, solutions will be proposed to restrict the indiscriminate and arbitrary use of 'revocation' by provincial or district municipalities, thus safeguarding the right to due process, defense, and legal certainty held by administered individuals within the constitutional and administrative framework.