Análisis del Proceso de Gestión del Cambio organizacional en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia del Callao, Años 2017-2019

Abstract

El proceso de implementación del Código Procesal Penal se inició en el año 2006. Sin embargo, es en los distritos judiciales de mayor envergadura (debido a su abundante carga procesal), en los que el proceso ha iniciado recién el año en curso.

El Callao es uno de los distritos judiciales cuya intervención del modelo procesal penal ha representado un desafío. Una de las razones por las que su proceso de implementación ha requerido un mayor esfuerzo es, además de los principios en que se fundamenta el modelo, es la separación de funciones: funciones administrativas de la jurisdiccional, ha significado un dilema para los trabajadores de la Corte Superiores de Justicia del Callao, quienes venían trabajando bajo el Código de Procedimientos Penales, y en cuya mecánica de trabajo no existía una distinción entre lo administrativo de lo jurisdiccional.

Las décadas de vigencia del código anterior generaron una sistematización en el trabajo y una mentalidad arraigada al sistema inquisitivo, que de no ser abordada puede generar el colapso de carga procesal, desnaturalizándose el código vigente, que busca - además de garantizar los derechos de los justiciables- lograr dinamizar la administración de justicia.

El Nuevo Código Procesal Penal representa una mejora para la administración de justicia. Sin embargo, su efecto no será perceptible si no se trabaja con quienes se encargan de su tramitación (personal jurisdiccional). Para ello es necesario el uso de herramientas que coadyuven a la gestión del cambio organizacional, y que éste reconozca la importancia del factor humano.

The process of implementing the Code of Criminal Procedure began in 2006. However, it is in the largest judicial districts (due to their abundant procedural burden), in which the process has only begun the current year.

Callao is one of the judicial districts whose intervention of the criminal procedural model has represented a challenge. One of the reasons why its implementation process has required greater effort is, in addition to the principles on which the model is based, is the separation of functions: administrative functions of the jurisdictional, it has meant a dilemma for the workers of the Superior Court of Justice of Callao, who had been working under the Code of Criminal Procedure, and in whose mechanics of work there was no distinction between the

The decades of validity of the previous code generated a systematization at work and a mentality rooted in the inquisitive system, which if not addressed can generate the collapse of the procedural burden, denaturing the current code, which seeks - in addition to guaranteeing the rights of the justiciable - to energize the administration of justice.

The New Criminal Procedure Code represents an improvement for the administration of justice. However, its effect will not be perceptible if you do not work with those who are in charge of its processing (jurisdictional staff). For this, it is necessary to use tools that contribute to the management of organizational change, and that it recognizes the importance of the human factor.