Nueva regulación para la prueba de oficio en el proceso laboral

Abstract

La Prueba de Oficio, es una institución controvertida, que ha vuelto a cobrar especial importancia debido a la modificatoria del artículo 194º del Código Procesal Civil.

Modificatoria, que ha generado que vea el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, con una mirada crítica, llegando a considerar que contiene una fórmula legislativa demasiado general.

Es así, que el objetivo principal de esta trabajo de investigación, es determinar si la prueba de oficio en el proceso laboral, requiere una nueva fórmula legislativa, que incluya alguno de los límites de aplicación que establece el artículo 194º.

Para ello analizaremos principalmente, la prueba de oficio a la luz de la modificación introducida por la Ley Nº 30293, la parte pertinente de la doctrina, el derecho comparado y el X Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la República.

Tenemos gran interés en la prueba de oficio, debido a que muchas veces los trabajadores por razones económicas no logran ser representados por letrados de gran experiencia, circunstancia que resulta ser un claro reflejo de la notoria desigualdad en el binomio empleador-trabajador; razón por la cual es imprescindible contar con magistrados que sean verdaderos directores del proceso y que de ser el caso adviertan la necesidad de recurrir excepcionalmente a la prueba de oficio.

Diez años después de la vigencia de la Ley N.º 29497 y sabiendo que actualmente el uso de la prueba de oficio tiene algunas debilidades, consideramos que necesitamos que el artículo 22º evolucione.

The main objective of this thesis is to determine if the evidence required by the judge in the labor process require a new legislative formula. We going to analyze the Law 30293, and the X Plenary Civil Casatorio of the Supreme Court of the Republic, issued last September.

Currently, the right to evidence has gained special importance as a manifestation of the right of defense. Therefore, and bearing in mind that the right to prove is not, nor should it be, exclusively for the parties, we have analyzed the legislative formula of article 194 of the Civil Procedure Code in order to determine the convenience of these guidelines in the process regulated by law 29497.

We are clear that the labor process contains a notorious inequality between the employer-worker binomial, for this reason, it´s essential to have magistrates who are true directors of the process and who, if necessary warn of the need to excepcionally resort to ex officio evidence.

Ten years after the entry into force of Law No. 29497 and knowing that currently the use of the ex officio test has some weaknesses, we consider that we need Article 22 to evolve.