Envíos recientes

  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente Privado N° 176-2012-0-1801-JR-CI-19 Expediente Público N° 1692678-2017

    Lozano Huamani, Omar Anselmo (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-08)
    Que, es pretensión de la demanda se declare al actor propietario, por prescripción adquisitiva, del vehículo de placa de rodaje CGL-435, clase Automóvil, marca Honda, modelo FIT, año 2006, número de serie 93HGD17407Z500724, número de motor L13A47Z500737, inscrito en la Partida N° 51409544 del Registro de Propiedad Vehicular, señalando haberlo adquirido a nombre de la demandada, el treinta de julio del 2007, fecha desde la cual se encuentra en posesión del citado vehículo, en forma continua, pacífica y pública como propietario, por lo que habiendo transcurrido más de cuatro años debe declararse propietario del mismo por prescripción adquisitiva.
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  • Informe para la sustentación de expedientes N° 05221-2013-0-1801-JR-FC-04 (Expediente Privado) y N° 23142-2011-0-1801-JR-PJ-00 (Expediente Público)

    Escudero Quispe, Meggi Solanch (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-01)
    El trabajo de suficiencia profesional que a continuación se desarrolla, tiene como finalidad el estudio y análisis de dos expedientes, uno de derecho privado y otro de derecho público; los mismos que nos permitirán hacer un análisis no solo de las instituciones jurídicas que en ellos se presentan, sino que nos permitirá dirimir respecto a las diversas posturas han adoptado las instancias judiciales al momento de resolverlos. Con relación al expediente de derecho privado (Derecho de Familia - Civil) se tiene que la persona de Luzgardo Iparraguirre Claudet interpuso demanda de divorcio por causal de separación de hecho y la dirige contra Priscila Zenaida Santivañez Espíritu. Asimismo, como pretensión objetiva originaria demandó alimentos, patria potestad, liquidación de sociedades gananciales, obligaciones matrimoniales pendientes. Al contestar la demanda, la señora Priscila Zenaida Santivañez Espíritu formula reconvención solicitando el pago de cien mil soles por concepto de indemnización por daño moral. Realizado el proceso sin mayores inconvenientes, el juzgado declaró fundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho e infundada la reconvención planteada. Esta resolución fue apelada en el extremo que declara infundada la indemnización solicitada y eleva en consulta lo demás que contiene. Al resolverse el recurso interpuesto, la Sala Superior aprobó el extremo consultado y revocó el extremo impugnando, declarando fundada la pretensión de indemnización fijándola en cinco mil soles; no conforme con el monto otorgado, la demandada interpuso recurso extraordinario de casación, el mismo que fue resuelto por la Corte Suprema, declarándose infundado dicho recurso. Respecto al expediente de derecho público (Robo agravado - Penal), se tiene que se les imputó a Hernán Yrigoyen Figueroa (24), Sileer Geremias Valencia Vílchez (22) y José Ediño Torres Arias (19), que el día 02 de octubre de 2011 habrían interceptado a Celso Fabián Tomasto Espinoza, a quien lo habrían cogoteado y en forma violenta le arrebataron su celular. Iniciado el proceso penal y transcurrido el mismo, la Tercera Sala Penal emitió sentencia en la que falló condenando a los procesados como autores del delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Celso Fabián Tomasto Espinoza; imponiéndole a José Ediño Torres Arias, seis años de pena privativa de libertad; a Eduardo Hernán Yrigoyen Figueroa, ocho años de pena privativa de libertad y; a Sileer Geremias Valencia Vílchez diez años de pena privativa de libertad; asimismo, se fijó en tres mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que debían cancelar los sentenciados a favor del agraviado, a razón de mil nuevos soles cada uno. Tras ser impugnada la sentencia, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolvió el recurso de nulidad interpuesto, declaró haber nulidad en la sentencia impugnada y; reformándola, absolvieron a los procesados de la acusación fiscal.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: N° 829-2009/CPC - N° 003-2007

    Villena Nuñez, Marly Carol (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-01)
    El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se realiza en base al análisis jurídico del Expediente de Derecho Público N° 829-2009/CPC, el cual versa sobre materias de protección al consumidor, procedimiento administrativo sancionador y derecho civil, a través del cual se desarrolla la falta al deber de idoneidad y de información oportuna y adecuada que atribuye la Sra. Celia Rosa Yupanqui Astete a la empresa LAN PERU. Al amparo de la Ley de Protección al Consumidor, se evalúa el deber de idoneidad y de información, siendo en el caso concreto deber de la aerolínea cumplir con informar correctamente sobre las tarifas que se ofrecen y la regulación que aplica respecto a cada tarifa, así como también los lineamientos que los usuarios deben conocer para abordar oportunamente sus vuelos. Dicho ello, la relevancia jurídica del análisis del presente Expediente reside en la aplicación de la regulación en materia de Protección al Consumidor por parte de la entidad administrativa encargada, el Indecopi, y la evaluación de esta entidad respecto al problema de asimetría informativa e incumplimiento al deber de información a cargo de LAN PERU; situación que evidencia la brecha que existe entre la información con la que cuentan las empresas sobre el producto o servicio ofrecido y bajo la cual sustentan la aplicación de sus políticas, y la información incompleta que las empresas ponen al alcance de los usuarios; la cual puede ocasionar confusión y que los usuarios tomen decisiones desinformadas que posteriormente les ocasionen algún tipo de perjuicio.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: Expediente público NO. 03622-2014-0-1801-JR-CA-19 / Expediente privado NO. 06778-2012-0-1801-JR-CI-14

    Castro García-Yrigoyen, Cayetana (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-28)
    El Apéndice III de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobada por Decreto Legislativo No. 821 (posteriormente unificada por Decreto Supremo No. 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo), contenía las partidas arancelarias afectas al Impuesto Selectivo al Consumo, dicho esto, mediante Decreto Supremo No. 005-98-EF se incluyó en dicho Apéndice al producto Hulla, señalándose que a partir del 01 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2005 esta se encontraría gravada con S/.11.00 por tonelada. Luego, mediante Decreto Supremo No. 101-2002-EF se modifica el Apéndice III del Texto Único Ordenado antes indicado, estableciéndose que la Hulla se encontraría gravada con S/.11.46 por tonelada, no haciendo referencia alguna a la temporalidad establecida por Decreto Supremo No. 005-98-EF. En el presente caso, la empresa Cemento Sur S.A. realizó diversas importaciones durante los años 2006 y 2007 del producto Hulla, contenidas en las respectivas Declaraciones Únicas de Aduanas, por las cuales no efectuó el pago del Impuesto Selectivo al Consumo al considerar que las referidas no se encontraban afectas, toda vez que el Decreto Supremo No. 101-2002-EF, si bien había modificado el aspecto cuantitativo del hecho gravado, no había modificado la vigencia temporal establecida por el Decreto Supremo No. 005-98-EF. Por el contrario, la SUNAT considera que el producto se encontraba gravado con el Impuesto Selectivo al Consumo, de manera indefinida, de acuerdo a la modificación del Apéndice III realizada por Decreto Supremo No. 101-2002-EF, en consecuencia, según la Administración, correspondería el pago del impuesto omitido y un mayor pago de Impuesto General a las Ventas, intereses y sanciones. La controversia se centra en determinar si las importaciones de la Hulla se encontraban gravadas o no con el Impuesto Selectivo al Consumo a la fecha de numeración de las Declaraciones Únicas de Aduanas, momento en el cual nace la obligación tributaria aduanera, de acuerdo con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No. 129-2004-EF.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente Privado N° 1478-2011-0-0401-JR-CI-03 Expediente Público N° 16-2016/CPC-INDECOPI-SAM

    Centeno Quispe, Diana Katerine (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-06)
    En el caso materia del expediente privado, que tiene por pretensión la nulidad de acto jurídico interviniendo como demandantes dos personas naturales, representados por su apoderado Alfredo Eduardo de Amat Arestegui, quienes solicitan la nulidad de la compraventa; y accesoriamente la cancelación del asiento registral C00005 de la Partida Electrónica 01091871; alegando las causales de falta manifestación de voluntad, fin ilícito, simulación absoluta y, ser contrario al orden público y buenas costumbres.
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  • Informe para la sustentación de expedientes N° 5996-2013 y N° 1315-2019/CC2

    Nieto Ruffner, Betzi Katherine (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-15)
    El expediente N° 1315-2019/CC2 versa sobre una denuncia por presuntas infracciones al deber de idoneidad y atención de reclamos en relación al servicio de transporte. Asimismo, el expediente cuenta con resoluciones contradictorias en un determinado extremo referido a la infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en relación a que el personal de la empresa de transporte habría revisado el equipaje de la denunciante sin su permiso, exhibiendo sus prendas personales, vulnerando así su derecho a la privacidad. Siendo así en el expediente público, se ha tenido en cuenta la aplicación de determinadas instituciones jurídicos como el allanamiento, idoneidad, carga de la prueba y atención de reclamos, por lo que a fin de otorgar una posición analítica sobre el caso se ha recurrido a dos fuentes jurídicas como son la doctrina y la legislación sobre materia de protección al consumidor, así como a las normas especiales establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de transporte. Adicionalmente, se ha generado una gran disyuntiva con relación al cumplimiento de los términos contractuales a los cuales se obligan los consumidores, ya que este servicio de transporte contiene cláusulas generales de contratación referidas a la revisión de equipajes de mano.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente privado N° 00055-2011-0-3004-JM-CI-01 Expediente público N° 1295-2019/PS1

    Simpertigue Torres, Aileen Nicole (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-15)
    El expediente privado presentado para optar el título profesional de Abogada corresponde a la demanda de desalojo por ocupación precaria interpuesta por el Sr. Espinola contra Lucila y Victor, en virtud del art. 911 del Código Civil. En primera instancia, al no existir documentación que justifique la posesión de los demandados, el juez declaró FUNDADA la demanda y ordenó que los demandados desocupen el bien inmueble. En segunda instancia, la sala revoca la sentencia de primera instancia y reformulándola la declara improcedente, pues concluye que: i) los apelantes se encuentran en posesión del inmueble en virtud del derecho de uso y habitación que le fuera conferido por el propietario primigenio del inmueble, ii) el demandante antes de interponer la demanda de desalojo debió cumplir con las formalidades establecidas en el art. 1365 del Código Civil a efectos de otorgarle a los demandados un plazo no menor de 30 días para desocupar el inmueble. La Corte Suprema se pronuncia al respecto advirtiendo que la Sala no consideró la Carta notarial enviada por el demandante, mediante la cual el señor Espinola requiere la entrega del inmueble a los demandados, carta que fue enviada 30 días antes de que el demandado interpusiera su demanda de desalojo. Por lo tanto, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, pues considera que la Sala ha emitido una resolución que adolece de una debida motivación.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: 00184-2013-79-1903-JR-CI-02 / 00274-2012-0-2201-JM-FC-01 00184-2013-79-1903-JR-CI-02 / 00274-2012-0-2201-JM-FC-01

    Zarzosa Beas, Emil Jerry (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-09)
    El expediente 00274-2012 nos presenta un debate muy enriquecedor respecto a los alcances que puede presentar el principio del interés superior del niño; así como el grado de protección que debe de brindarle la justicia, con la finalidad de mantener las condiciones favorables que permitan al menor su normal desarrollo. En el presente caso, se aborda un derecho fundamental: el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 2°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Se abre, de esta forma, un interesante debate sobre dos posturas muy equilibradas. Por una parte, el demandante; quien solicita la impugnación del reconocimiento del menor, bajo el argumento de no ser el padre biológico del mismo, acreditando su pedido a través de una prueba de ADN que corrobora su versión. Además, refiere que, de llegar a declararse fundado su pedido, se deja abierta la posibilidad de que el padre biológico del menor pueda reconocerlo. La parte demandada, sostiene que el derecho a la identidad; sobre todo, en lo referente a los niños y adolescentes, se debe de analizar bajo una perspectiva más proteccionista. Resaltan el carácter irrevocable del reconocimiento, dispuesto por el artículo 395° del Código Civil. Finalmente, La Corte Suprema, quien conoce el proceso a través del recurso de casación, resuelve la controversia añadiendo la ponderación de los vicios de la voluntad y, sobre todo, la teoría de los actos propios; entendiendo que, el acto de reconocimiento de paternidad, voluntariamente inexacto, no puede ser cuestionado por quien lo celebró.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente N° 02050-2011-0-0701-JR-CI-06 (Prescripción Adquisitiva de Dominio) Título N° 2004-330443 (Caducidad de Hipoteca)

    Buendia Cisneros, Noelia Esttefani (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-10)
    En el presente caso, los cónyuges Abelardo Huayra y Modesta Tito interpusieron una demanda contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia Constitucional del Callao, en la que solicitaron como pretensión principal la prescripción adquisitiva de dominio, a fin de ser declarados propietarios del bien inmueble rústico de área 31,929.13m2 ubicado en el sector del ex Fundo Márquez del distrito del Cercado del Callao de la Provincia Constitucional del Callao que forma parte de un predio de mayor extensión (área 1,038,110.70m2) inscrito en la partida N° 70373515 del Registro de Predios de la Oficina Registral del Callao a favor del Estado por haberlo adquirido al poseerlo de forma continua, pacífica y pública desde el año 1980; y, como pretensión accesoria, se disponga su independización de la matriz. En ese sentido, el presente expediente plantea resolver la cuestión siguiente: si es posible prescribir bienes de dominio del Estado antes de la vigencia de la Ley 29618 – Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal –. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Casación N° 291-2014, resuelve que la referida Ley no puede aplicarse a un hecho anterior a su vigencia, pues ninguna ley tiene eficacia retroactiva. Por tanto, los bienes de dominio del Estado sí pueden adquirirse por prescripción, bajo la legislación anterior.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: 281- 2018/CC2 / 2158-185-2011-CCL

    Leon Guevara, Valeska Victoria (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-09)
    El presente expediente versa sobre la denuncia administrativa formulada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) contra Mondelez Perú por la presunta infracción al artículo 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lo anterior, en la medida que Mondelez Perú no habría cumplido con consignar en el etiquetado de su producto “Chips Ahoy” que este contenía insumos y/o componentes genéticamente modificados (GMO, por sus siglas en inglés). A lo largo del procedimiento, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, órgano resolutivo de primera instancia, así como la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa, analizan el marco normativo aplicable en torno a la obligación de informar al consumidor la presencia de componentes transgénicos, el mismo que presenta ciertas irregularidades. El presente caso originó una ampliada discusión entre los comisionados y vocales del INDECOPI respecto a la obligatoriedad de la mencionada disposición frente a la ausencia de una regulación técnica para el rotulado de productos transgénicos, generando, inclusive, un voto en discordia en segunda instancia.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente administrativo: N° 099-2017-CCD Expediente civil: N° 00284-2017-0-1817-SP-CO-01

    Zubiate Martínez, Karolina Inés (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-08)
    El procedimiento administrativo se llevó a cabo entre el litisconsorcio activo, quienes formularon denuncia contra Gloria S.A., a fin de que se declare fundada su denuncia por infracciones a los artículos 6.1°, 6.2° y 8° del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en concordancia con el Título V del Decreto Legislativo 807 sobre el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia, por realizar actos de competencia desleal proscritos por el Decreto Legislativo N° 1044 y el Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley N° 29571.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: Expediente privado Nº 01257-2012-0-0401-JR-CI-09 Expediente público Nº 1009435-2018

    Chiclla Sanchez, Francisco Rodolfo (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-10)
    El expediente privado que abordaré, versa sobre el desalojo por ocupación precaria interpuesto ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. La demanda es interpuesta por LUIS VALENTÍN GÓMEZ FLORES en contra de la pareja LUIS FELIPE HERRERA RAMOS y DELIA BERSABETH MESIAS DE HERRERA por el segundo piso de un inmueble ubicado en la Av. Lambramani Nº 219, Distrito de Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa. En primera y segunda instancia tuvieron decisiones discrepantes, en ambos, la controversia consistió en valorar el título de la demandada y determinar si ostenta la posesión del inmueble conforme a derecho. Respecto a la parte demandante, se centra en determinar si el Acta de Conciliación es un medio idóneo para configurar la ocupación precaria. El expediente fue elevado a la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarando infundada la casación interpuesta por Luis Felipe Herrera Ramos, la parte demandada. Señalando que no tiene título para poseer por cuanto el Acta de Conciliación constituye medio idóneo para demostrar que el consentimiento del demandante(propietario) ha fenecido.
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  • Informe para la sustentacion de expedientes: I-432-2015 / 17710-2013

    Del Aguila Peña, Martha Graciela (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-02-28)
    El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo realizar un resumen de 2 procesos judiciales para la obtención del título profesional de abogado. La primera parte del referido documento, resumirá el expediente privado en materia arbitral, mediante el cual la empresa Neptunia solicita la inaplicación del artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado referida a la subcontratación de prestaciones del Contrato principal celebrado con el Ministerio de Vivienda. La segunda parte del presente trabajo, resumirá el proceso de amparo seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal mediante el cual solicita la inaplicación del artículo 133° del Código Tributario referido a la inaplicación de intereses moratorios en exceso.
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  • Informe para la sustentacion de expedientes: 00012-2009 / 0521-2018/CC2

    Muñoz Zagastizabal, Camila Cecilia (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-02-04)
    El presente trabajo tiene como objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de adulterio, iniciado por TSM contra ASR, así como el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el que MLT formula denuncia contra la empresa Gloria por presunta infracción al deber de inocuidad. En el primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si el demandado ha incurrido en la causal de adulterio, así como si los menores mencionados fueron procreados por éste durante la vigencia del matrimonio, y si la demandante tenía conocimiento de la existencia del último hijo extramatrimonial. Por tanto, se plantea la imposibilidad del derecho de acción de la demandada, en virtud al artículo 336 del código civil. Se abordarán temas en torno a la controversia planteada, así como un análisis respecto a la correcta aplicación normativa en el caso concreto. Respecto al segundo procedimiento, éste versa sobre la presunta infracción al deber de idoneidad del producto o de inocuidad, previstos en los artículos 18, 19 y 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por parte de la empresa denunciada y la falta de atención a reclamos. En éste, será relevante la adecuada imputación al proveedor de las presuntas infracciones, al analizar el fondo se tendrán resoluciones contradictorias sobre la acreditación de la infracción al deber de inocuidad. Se tendrá en cuenta la complejidad probatoria, que es desfavorable para el consumidor, la naturaleza de la transacción comercial y el producto puesto a disposición del consumidor; y será trascendental para la aceptación de la versión alegada, la actuación de la denunciante y la conducta del proveedor. Se resuelve bajo el Principio de Verdad Material, bajo el cual se tomarán en cuenta los alegatos y medios probatorios que generen un nivel de convicción, así como se verificará la aplicación de los indicios para acreditar la comisión de la infracción.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: Caso Arbitral N°0085-2016-CCL / Expediente público N°1246-2016/CC2 - INDECOPI

    Cusi Rodriguez, Angie Astrid (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-03-09)
    El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo sustentar 2 expedientes (público y privado) para la obtención del título de Abogado. En primer lugar, se empezará con el desarrollo del Caso arbitral N°0085-2016-CCL, emitido por el Tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima; y posteriormente se concluirá con el desarrollo del Expediente público 1246-2016/CC2 emitido por la Sala Especializada de Protección al Consumidor de INDECOPI. Ambos, serán desarrollados de forma amplia y considerando los fundamentos de hecho y derecho en cada caso concreto.
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  • Informe para la sustentacion del pleno de sentencia N° 558/2021 – Exp. 000175-2017

    Ramos Ramos, Renzo Alberto (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-18)
    El presente trabajo tiene como objetivo poder adoptar una postura respecto de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 558/2021 – Exp. 000175-2017, seguido por la demandante el Centro Cristiano Camino de Santidad en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el proceso de amparo, en donde el punto álgido sobre el derecho constitucionalmente vulnerado es el derecho a la libertad religiosa de la accionante. Por lo que, para entender los criterios empleados en dicha sentencia, y que luego son discutidos en el voto singular de dos de los siete magistrados del referido Tribunal, es importante abordar primero lo que involucra el derecho eclesiástico del Estado, como éste se encuentra integrado, de manera que podamos entender la repercusión de sus fuentes y principios esenciales, para finalmente entrar a hablar sobre el ejercicio individual de la libertad religiosa, así como de su manifestación colectiva a través de las Religiones, iglesias, actividades en comunidad, cultos y credos, entre otros factores, que hacen de este trabajo un tema bastante interesante de abordar.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: 35-2014/CC2 / 518-2008

    Nishikawa Cárdenas, Ximena (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-03-07)
    En el presente trabajo de suficiencia profesional se han analizado dos expedientes: uno de naturaleza de derecho público el cual es sobre protección al consumidor; en el que se tuvo como controversia la imputación de cargos referida a que supuestamente el personal de dicha proveedora habría maltratado y discriminado a la denunciante durante una revisión antes de salir de su establecimiento comercial, calificándola como una presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del Código de Protección y defensa del consumidor. Sobre el cual, la Sala Especializada en Protección al Consumidor declaró revocar en un extremo la resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor y reformándola declaró fundada la denuncia, al haberse verificado que la proveedora denunciada detuvo injustificadamente a la denunciante en su establecimiento comercial. Así se ha analizado, sobre todo por las contradicciones que tiene, las resoluciones finales emitidas en la vía administrativa. De otro lado, se tiene el expediente privado el cual se tiene como controversia a la declaración del divorcio por separación de hecho, sobre el que se ha verificado que el demandante no ha acreditado que los cónyuges se encontrarían separados de hecho, no cumpliendo principalmente con los elementos materiales y temporales. Así se ha analizado las dos primeras sentencias de mérito, sobre los que se tienen pronunciamientos contradictorios, optándose finalmente por dar la razón a la segunda instancia al constatarse una mejor valoración de los medios probatorios (de forma conjunta y razonada) conforme lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil.
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  • Informe para la sustentación de expediente: N° 02005-2009-PA/TC

    Lazo Delgado, Debora Ivette (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-02-25)
    En este trabajo, más allá del análisis y veredicto que se realizará de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, “TC”) N° 02005-2009-PA/TC, es fundamental para la autora destacar la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y, de forma más amplia, el derecho a la libertad personal y dignidad que tienen todas las personas y familias; los cuales les permiten desarrollar, a voluntad propia, su proyecto de vida, el cual implica, dentro de otras cosas, la planificación familiar de cada individuo. En la sentencia en cuestión, el TC decidió retirar los Anticonceptivos Orales de Emergencia (en adelante, “AOE”), más conocidos como la Píldora del Día Siguiente, del listado de métodos anticonceptivos que el Ministerio de Salud había establecido para la ejecución de su programa estatal de planificación familiar, el cual tiene como finalidad propiciar el bienestar sexual y desarrollo humano de las personas. A estimación de la autora, resulta crucial entender cómo esta decisión del TC afecta, no solo a las familias en su planificación familiar, sino también a las mujeres de sectores socioeconómicos bajos; puesto que, además de ir en contra de los derechos mencionados en el primer párrafo, esta sentencia “resuelve” la controversia de una forma discriminatoria, ya que deja la posibilidad abierta a que las personas puedan acceder a este método anticonceptivo en el sector privado; sin embargo, restringe esta posibilidad para aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder por sus propios medios a esta pastilla.
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  • Informe para la sustentacion de expedientes: Arbitraje CIADI ARB/14/21 Medidas de Expropiación Indirecta - “Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú” 012-2004/CLC Abuso de posición de Dominio - Negativa injustificada de contratar y trato discriminatorio - Ferrocarril Santuario Inca, Machu Picchu SAC vs Ferrocarril Trasandino SA

    Ochoa Mantilla, Alvaro (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-01-26)
    El presente trabajo es un arbitraje del CIADI y tiene mucho material enriquecido. El arbitraje que también es referido como un medio alternativo de solución de controversias, toma el caso de Bear Creek v. Republic of Perú y brinda soluciones eficientes, a la controversia que se generó debido a que el Estado Peruano le otorgo derecho sobre concesiones mineras a 50 kilómetros de la frontera peruana a Bear Creek, sin embargo, después de unos años le termina retirando esos derechos adquiridos sobres las concesiones mineras. Debido a que la presente controversia no podía resolverse en jurisdicción peruana y tampoco se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Se recurrió a lo acordado mediante TLC Perú – Canadá y al estar las dos partes afiliadas al CIADI, se procedió a buscar solución a su controversia en dicho centro. Así mismo, mediante el presente trabajo se busca reconocer al ARBITRAJE no solo como un medio alternativo de solución de controversias, sino como una de las varias formas iniciales que el sistema jurídico ha ofrecido como solución pacífica frente al conflicto de sus ciudadanos. El presente arbitraje caso versa sobre medidas de expropiación indirecta, tiene figuras como contratos de opción, emisión de Decretos Supremo emitido por Necesidad Pública, Acuerdos de Transferencia.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: No. 00186-2010-0-1801-JR-FC-17 / No. 67-2019/CC2

    Kong Alvarez, Luisa Fernanda (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-21)
    En el presente informe se analizará el Expediente No. 67-2019/CC2, el cual versa respecto a la denuncia presentada por el Señor Carlos Alberto Vidal Kegel contra Costamar Travel Cruise & Tours S.A.C. ante el Indecopi, por un presunto incumplimiento al Código de Protección y Defensa al Consumidor, toda vez que la denunciada se habría negado a efectuar el reembolso del monto total cancelado solicitado por el denunciante respecto de un paquete turístico que adquirió y, sin embargo, no pudo utilizar debido a un accidente en el tobillo. En ese sentido, se analizará lo expuesto por las partes, así como lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor y por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, a fin de poder evaluar si es que efectivamente la denunciada infringió el deber de idoneidad que como proveedor se encuentra obligada a cumplir y, por tanto, si correspondería o no la imposición de una sanción administrativa.
    Acceso abierto

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