El Expediente Privado versa sobre una demanda judicial de indemnización por daño moral, esto en razón de la acción judicial iniciada por los padres de un neonato que falleció a los tres (03) días de nacido como consecuencia de una presunta negligencia por parte de la obstetra de la clínica donde acudieron. Uno de los aspectos cruciales en la presente controversia es la cuantificación del daño moral que los cónyuges demandan; así como la configuración de la responsabilidad vicaria de la clínica por las acciones de la obstetra de la institución.

El presente trabajo tiene como propósito exponer los alcances del expediente 672632-2016/CSD-INDECOPI. En particular, se analizará las decisiones adoptadas tanto por la Comisión de Signos Distintivos, como por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en relación con la solicitud de registro del signo INTIFAN (denominación) y el análisis del riesgo de confusión practicado con las marcas VINIFAN. Del mismo modo, se revisará el procedimiento de nulidad de oficio iniciado por la Sala de Propiedad Intelectual a la luz de los dispuesto en la Ley Nº 27444.

El presente informe busca desarrollar la controversia jurídica expuestos en dos expedientes bajo el derecho peruano, siendo uno de carácter público y el otro de carácter privado. El primer expediente expone un caso de Protección al Consumidor donde los denunciantes solicitan un resarcimiento económico y sanción a los denunciados por la venta de un vehículo cuya falla mecánica generó un accidente de tránsito y lesiones en los pasajeros. En este caso en particular tendrá que revisarse la vinculación entre el consumidor y el proveedor para validar si es aplicable la protección que brinda la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor. El segundo expediente nos presenta una demanda de divorcio donde la demandante alega que se han cumplido con las causales de separación de hecho respecto de su cónyuge, lo cual conlleva como consecuencia el fenecimiento y liquidación de la sociedad de gananciales. Adicional a ello, la demandante alega que por su estado de salud le corresponde recibir una pensión de alimentos por parte del cónyuge demandado. En esta oportunidad, nos centraremos en los criterios que aplican los jueces de primera y segunda instancia para la determinación de si un bien es parte de la sociedad de gananciales; así como si es aplicable el otorgamiento de una pensión de alimentos al cónyuge en mal estado de salud.

El Expediente Privado versa sobre una contienda arbitral sostenida respecto de la interpretación de una cláusula de preferencia contenida en un Contrato de Cesión de Derechos Televisivos. Durante el proceso arbitral, se discuten cuestiones vinculadas a: (i) Presunto incumplimiento de la cláusula de preferencia para la renovación del contrato, (ii) La aplicación de la penalidad convenida por las partes; y, (iii) La pretensión resarcitoria vía reconvención, por lucro cesante y el daño a la reputación empresarial que se habría generado. El proceso arbitral materia de análisis, culmina con un Laudo Arbitral en mayoría, el mismo que desestima todas las pretensiones demandadas y reconvenidas.

En el presente informe de suficiencia profesional, por un lado, se tiene el análisis de un expediente de carácter administrativo, de derecho público, en el cual se tiene por análisis una denuncia elaborada por el señor de iniciales J.P.C. contra Hipermercados Tottus S.A., ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, a consecuencia de una presunta infracción a las normas que regulan los derechos de los consumidores. En dicho expediente se tienen resoluciones finales contradictorias, dado que en primera instancia se declaró infundada la denuncia al considerar que el hecho infractor invocado no ha sido acreditado; no obstante, la Sala Especializada en Protección al Consumidor declaró revocar la referida decisión y reformándola declaró fundada la denuncia disponiendo la sanción correspondiente, para ello entre ambas autoridades administrativas han tenido diferente criterio en la valoración de los medios de prueba, por lo que en el presente caso se analizarán los medos probatorios en su conjunto y con el debido razonamiento, a partir del cual se fijará una posición jurídica. En segundo lugar, se tiene el análisis del expediente sobre anulación del laudo arbitral seguido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra Servicios Industriales de la Marina S.A., en el cual la Corte Superior cuenta con sentencias que se fundamentan por un lado en el ámbito de la competencia y en un segundo momento en el de la caducidad. Puesto que en la primera sentencia emitida por la Sala Superior y anulada por la Corte Suprema, se vulneraron normas procesales con relevante constitucional, como la tutela jurisdiccional efectiva y una adecuada motivación en las resoluciones, ya que se obtuvo un pronunciamiento arbitrario y excesivo al no fundamentar sobre la separación de las pretensiones que versan o no en materia no susceptible de arbitraje, concluyendo que el laudo arbitral en su totalidad debiera ser nulo. Mientras que, en la segunda, se avocó a resolver sobre la caducidad, siendo esta última respaldada por la Corte Suprema al no admitir a tramite el recurso de casación y estableciendo la correcta interpretación del artículo 269º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El presente informe expone la sentencia del Tribunal Constitucional bajo el expediente N° 576-2019-AA, que da cuenta de la demanda de amparo interpuesta por el señor Emiliano Guerra Atau, mediante la cual solicita que se deje sin efecto la Resolución del Consejo Universitario 849-2016-UNSCH-CU, en la que se dispuso su cese como docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga por la causal de límite de edad, en aplicación del artículo 84° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Sustenta su pedido en la afectación del derecho al trabajo, a la no discriminación basada en la edad y al derecho a la dignidad y trato preferente. En el marco del caso objeto de análisis se analizará la existencia de las vías procedimentales igualmente idóneas, el especial rol del Estado frente a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la afectación de los derechos a la igualdad y no discriminación en razón a la edad, así como al derecho al trabajo, trato preferente y debido procedimiento.

En el presente informe, se analizará el Expediente N°13978-2012-0-01801-JR-FC-20, sobre una demanda de divorcio por causal de separación de cuerpos, interpuesta por el señor J.C.V.L. contra la señora M.P.G.L.B. ante el Juzgado Especializado de Familia de Lima. En virtud de ello, se plantean los fundamentos tanto de hecho como de derecho de las partes, además, se expondrán las decisiones arribadas por los Órganos Jurisdiccionales de primera y segunda instancia, así como la sentencia casatoria por parte de la Corte Suprema y los fundamentos de cada una de ellas. Finalmente, se procederá con el análisis fáctico, doctrinario y jurisprudencial respecto a los principales problemas jurídicos identificados a lo largo del proceso judicial.

El presente expediente analiza las controversias surgidas entre ICCGSA y PROVIAS NACIONAL, en el marco de un contrato de obra pública bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, específicamente sobre el derecho que tiene el contratista a solicitar una ampliación de plazo por causas que resultan ser ajenas a su voluntad y, como consecuencia inmediata de su aprobación, el reconocimiento por parte de la Entidad de los mayores gastos generales variables. De acuerdo con las pretensiones formuladas por ICCGSA, en su demanda arbitral, se aprecia que ésta solicita al Tribunal Arbitral que analice y se pronuncie respecto de la denegatoria de dos solicitudes de ampliación de plazo (No 30 y 31) por parte de la Entidad pues a su criterio, dichas decisiones carecen de fundamento legal. Por su parte, PROVIAS NACIONAL formuló reconvención, solicitando que el Tribunal Arbitral ratifique que no corresponde otorgar a ICCGSA las ampliaciones de plazo solicitadas, por considerar que dichas solicitudes no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa. Finalmente, las referidas controversias quedaron resueltas en un laudo que contiene la decisión del Tribunal Arbitral en mayoría y un voto en discordia, destacando como principales temas jurídicos la exigencia de la acreditación del hecho invocado para solicitar una ampliación de plazo, afectación a la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, principio de buena fe contractual, adicional de obra y responsabilidad de la elaboración del expediente técnico del adicional.

El expediente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI No. ARB/03/28, corresponde a un arbitraje iniciado por Duke Energy International Peru Investments No.1, debido a la vulneración del convenio de estabilidad jurídica suscrito con la República del Perú, el día 24 de julio de 2001, como consecuencia de la participación de la demandante en el proceso de privatización llevado a cabo por la República del Perú. La demandante sostiene que la vulneración al convenio de estabilidad jurídica se origina en la actuaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, en específico, sobre la aplicación de la cláusula antielusiva general contenida en el Código Tributario y en la resolución emitida por el Tribunal Fiscal, lo cual habría vulnerado las garantía establecidas en dicho convenio, tales como: Garantía de estabilización del régimen tributario, Garantía de no discriminación, Garantía de libre remesa de capital, y Buena fe y actos propios.

Con fecha 14 de julio del año 2020, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia N° 404/2020 mediante la cual, se pronunció sobre la Demanda de Amparo interpuesto por la Señora Alicia Chavez Garayar quien sostuvo que en las sentencias de fecha 21 de febrero de 2013, 23 de mayo de 2013, y el auto de fecha 28 de abril de 2014, se vulneró su derecho a la debida motivación, toda vez que las razones expuestas por los Jueces de dichas instancias carecían de sustento suficiente para salvaguardar los intereses de la parte demandada y sobreponer el principio de buena fe registral de un tercer adquirente, por sobre el derecho de propiedad alegado por la demandante. Asimismo, el caso en cuestión versa sobre el análisis que realizaron los Magistrados del Tribunal Constitucional para determinar si las sentencias expedidas por los Jueces de instancias previas fueron motivadas y evaluadas en la medida que se haya fundamentado las razones de los argumentos expresados y de tal forma que se haya cumplido con el derecho de la debida motivación. De igual manera, el caso resulta de interesante análisis en la medida que nos permitirá posicionaros ante dos (02) partes que aparentemente consideran tener el derecho, pues alegan ser propietarias del mismo inmueble, pero con diferentes sustentos jurídicos; ello nos permitirá revisar el principio de buena fe registral y cómo su aplicación puede ser considerada como mejor derecho. Por último, también se analizará sobre la procedencia de la demanda de amparo contra resoluciones judiciales y si este mecanismo pone en riesgo a las resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada y la independencia del juez.