• Expedientes N° 15676-2011-0-1801-JR-CI-01 / N° 676684-2016

      Reyes Chuquiure, Miguel Angel (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-02-02)
      En este presente informe se abordará el Expediente Administrativo N° 676684-2016 en donde se analizará la oposición marcaria dentro de la normativa del derecho de marcas. Empieza el presente caso cuando el señor Andrew Michell Olivares solicita el registro de una marca denominada “Candelaria Pilsener”, la cual para el correcto registro se presentó todos los documentos y se realizó los pagos correspondientes. Posteriormente a ello, la empresa Unión de Cervecerías Backus y Johnston, titular de la marca “Pilsen Callao”, presenta su escrito de oposición marcaria toda vez que podría causar riesgo de confusión a los consumidores. En ese sentido, habiendo una oposición marcaria compete a la Comisión de signos distintivos del INDECOPI evaluar y resolver sobre el asunto materia de conflicto. Esta autoridad resuelve, entre otros, declarar fundada la oposición interpuesta y denegar el registro de marca. Ahora bien, teniendo por rechazada el registro de “Candelaria Pilsener”, el señor Michell presenta recurso de apelación bajo el principal fundamento de que el término “Pilsener” es solo una expresión descriptiva que no debería de considerarse para el examen comparativo entre ambas marcas. Finalmente, el Tribunal de Defensa de la competencia y de la Propiedad Intelectual resuelve, entre otros, revocar la resolución de primera instancia y otorgar el registro de la marca “Candelaria Pilsener”.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes Expediente Nº 00304-2009-0-1308-JR-FC-01 Expediente Nº 485-2018/CC2

      Mazuelos De la Cruz, Irene Medalit (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-08-17)
      El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho, iniciado por Efraín Jaime Minaya Leyva contra Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, así como el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el que Kelin Day Alvarado Cuenca formula denuncia contra la empresa la Corporación Lindley S.A. por presunta infracción al deber de inocuidad. En lo que respecta al primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si se ha configurado la causal de separación de hecho y si existe un cónyuge perjudicado a raíz de la separación. Por lo que, el juzgador en las distintas instancias del proceso verifica si se ha cumplido con los tres elementos de la causal invocada, y si la separación ha originado un perjuicio a uno de los cónyuges, a efecto de declararlo como perjudicado y otorgarle la indemnización correspondiente. Cabe acotar que, la presente litis, ha generado sentencias contradictorias e incluso la Corte Suprema declaró nula la sentencia de vista, en el extremo que, integrando la sentencia apelada, declaró infundada la reconvención por indemnización. En lo que respecta al segundo procedimiento, este versa sobre la presunta infracción al deber de inocuidad previsto en el artículo 30° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Cabe señalar que, al inició de este procedimiento, se presume la vulneración al artículo 18° y 19° del Código antes mencionado, los cuales hacen referencia a que la idoneidad debe ser entendida como la correspondencia entre los que el consumidor espera y lo que recibe, en función a lo que le ofrece la empresa, y, que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; no obstante, después del análisis realizado por los órganos, se determina que la vulneración realizada es al artículo 30°, el cual versa sobre la inocuidad de los alimentos.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes Expediente Privado N°0465-2008-0-1817-JR-CO-02/Expediente Público N°00019-2013-0-2501-SP-CI-02

      Leigh Pedraza, Nícolas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-03)
      El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo realizar el análisis de dos expedientes, uno de ellos de derecho público y el otro de naturaleza privada. El expediente público versa sobre un proceso de amparo en el cual una trabajadora de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote solicita su reposición en sus labores habituales, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote alega que no existe relación laboral entre las partes, al encontrarse la trabajadora bajo el régimen del contrato administrativo de servicios. Sin embargo, al valorar de forma conjunta y razonada los medios probatorios ofrecidos por las partes, se concluye la existencia de un contrato laboral a plazo indeterminado. En lo que respecta al expediente privado, se ha hecho un análisis de un proceso civil al amparo de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley General de Sociedades, mediante el cual se solicita la modificación de la denominación social de la empresa Renting Perú S.A.C., puesto que la demandada cuenta con una denominación social similar a la del demandante, la cual fue inscrita en el año 2007 con posterioridad a la fecha en que el demandante inscribió su sociedad bajo la misma denominación social. Finalmente, la Corte Suprema amparó la demanda ordenándose la modificación de la denominación social al resultar similar a la adoptada por la demandante. En línea a lo antes expuesto, el análisis de ambos expedientes consistirá en determinar qué sentencia se encuentra acorde al ordenamiento jurídico, a partir de su aplicación y valorando los medios probatorios pertinentes en el proceso.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: 00012-2009 / 0521-2018/CC2

      Muñoz Zagastizabal, Camila Cecilia (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-02-04)
      El presente trabajo tiene como objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de adulterio, iniciado por TSM contra ASR, así como el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el que MLT formula denuncia contra la empresa Gloria por presunta infracción al deber de inocuidad. En el primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si el demandado ha incurrido en la causal de adulterio, así como si los menores mencionados fueron procreados por éste durante la vigencia del matrimonio, y si la demandante tenía conocimiento de la existencia del último hijo extramatrimonial. Por tanto, se plantea la imposibilidad del derecho de acción de la demandada, en virtud al artículo 336 del código civil. Se abordarán temas en torno a la controversia planteada, así como un análisis respecto a la correcta aplicación normativa en el caso concreto. Respecto al segundo procedimiento, éste versa sobre la presunta infracción al deber de idoneidad del producto o de inocuidad, previstos en los artículos 18, 19 y 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por parte de la empresa denunciada y la falta de atención a reclamos. En éste, será relevante la adecuada imputación al proveedor de las presuntas infracciones, al analizar el fondo se tendrán resoluciones contradictorias sobre la acreditación de la infracción al deber de inocuidad. Se tendrá en cuenta la complejidad probatoria, que es desfavorable para el consumidor, la naturaleza de la transacción comercial y el producto puesto a disposición del consumidor; y será trascendental para la aceptación de la versión alegada, la actuación de la denunciante y la conducta del proveedor. Se resuelve bajo el Principio de Verdad Material, bajo el cual se tomarán en cuenta los alegatos y medios probatorios que generen un nivel de convicción, así como se verificará la aplicación de los indicios para acreditar la comisión de la infracción.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: 00162-2016-TCE / 01211-2009

      Gonzalez Salinas, Juan Carlos (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2020-02-18)
      El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: Arbitraje CIADI ARB/14/21 Medidas de Expropiación Indirecta - “Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú” 012-2004/CLC Abuso de posición de Dominio - Negativa injustificada de contratar y trato discriminatorio - Ferrocarril Santuario Inca, Machu Picchu SAC vs Ferrocarril Trasandino SA

      Ochoa Mantilla, Alvaro (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-01-26)
      El presente trabajo es un arbitraje del CIADI y tiene mucho material enriquecido. El arbitraje que también es referido como un medio alternativo de solución de controversias, toma el caso de Bear Creek v. Republic of Perú y brinda soluciones eficientes, a la controversia que se generó debido a que el Estado Peruano le otorgo derecho sobre concesiones mineras a 50 kilómetros de la frontera peruana a Bear Creek, sin embargo, después de unos años le termina retirando esos derechos adquiridos sobres las concesiones mineras. Debido a que la presente controversia no podía resolverse en jurisdicción peruana y tampoco se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Se recurrió a lo acordado mediante TLC Perú – Canadá y al estar las dos partes afiliadas al CIADI, se procedió a buscar solución a su controversia en dicho centro. Así mismo, mediante el presente trabajo se busca reconocer al ARBITRAJE no solo como un medio alternativo de solución de controversias, sino como una de las varias formas iniciales que el sistema jurídico ha ofrecido como solución pacífica frente al conflicto de sus ciudadanos. El presente arbitraje caso versa sobre medidas de expropiación indirecta, tiene figuras como contratos de opción, emisión de Decretos Supremo emitido por Necesidad Pública, Acuerdos de Transferencia.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: Expediente Nº 01305-2017-0-1001-JM-FC-02 / Expediente Nº 006-1998/CLC-INDECOPI

      Vásquez Tipa, Samantha Rosalía De Jesús (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-10-29)
      El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto analizar dos expedientes, el primero de ellos de origen privado y el segundo de origen público, con la finalidad de observar el criterio utilizado por las instancias correspondientes para resolver cada proceso de acuerdo con su rama del derecho. En lo que respecta al expediente privado, este versa sobre un Divorcio por Causal de Separación de Hecho, en el cual el demandante alega que, en el año 1990 contrajo matrimonio civil con la demandada, y que de dicha unión tuvieron dos hijos, sin embargo, en el año 2000 se separaron por incompatibilidad de caracteres y por la imposibilidad de hacer vida común, por lo que, solicita se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une. Por su parte, el Ministerio Público, como defensor de la sociedad y de la familia, y como parte especial del proceso, manifiesta que, de probarse que se cumple lo previsto en el artículo 333° numeral 12 del Código Civil, debe proceder el divorcio, caso contrario, debe declararse infundada la demanda. Ante esto, la demandada solicita se declare infundada la demanda por fundarse en un hecho propio, esto en base a lo estipulado en el artículo 335°, y presenta una demanda reconvencional contra el demandante sobre Divorcio por la Causal de Abandono Injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos y por indemnización por daños y perjuicios y daño moral. Cabe señalar que, la presente litis, ha generado sentencias contradictorias e incluso la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto. En lo que respecta al expediente público, este versa sobre Abuso de posición de dominio, en el cual el denunciante presenta una denuncia por presunto abuso de posición de dominio, consistente en la negativa injustificada de alquiler de postes de electricidad para la instalación de cables para transmitir señales de televisión. La empresa denunciante afirma que, sin la posibilidad de acceder a los postes de la empresa denunciada, no podría operar en el mercado de cable, hecho que no sólo le ocasiona perjuicios económicos, sino también que perjudica a los consumidores de la ciudad de Huancayo, pues ellos se ven impedidos de contar con otra empresa que preste el servicio de televisión por cable. Por su parte, la empresa denunciada manifiesta que, si bien ha venido arrendando los postes de la red de distribución eléctrica de la ciudad de Huancayo, su decisión de suspender esa actividad responde a que, durante el período de arrendamiento, sus labores de mantenimiento y reparación se han visto dificultadas por las instalaciones de cable; y que la negativa de contratar no ocasiona perjuicio económico a la empresa denunciante. Cabe mencionar que, el presente expediente cuenta con pronunciamientos contradictorios, toda vez que, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución N° 011-2000-INDECOPI/CLC, en el extremo que ordenó que la denunciada atienda el alquiler de sus postes a favor de la denunciante, pero modificó dicha Resolución en el extremo que sancionó a la denunciada con una multa de 20 UIT, pues bajo el monto a 5 UIT. En conclusión, en ambos casos se ha puesto atención en los medios probatorios que sustentan sus peticiones en los procesos, además se ha verificado se cumpla con una adecuada valoración de los medios probatorios y la aplicación adecuada de la norma y la jurisprudencia vinculante al caso concreto.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: I-432-2015 / 17710-2013

      Del Aguila Peña, Martha Graciela (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-02-28)
      El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo realizar un resumen de 2 procesos judiciales para la obtención del título profesional de abogado. La primera parte del referido documento, resumirá el expediente privado en materia arbitral, mediante el cual la empresa Neptunia solicita la inaplicación del artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado referida a la subcontratación de prestaciones del Contrato principal celebrado con el Ministerio de Vivienda. La segunda parte del presente trabajo, resumirá el proceso de amparo seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal mediante el cual solicita la inaplicación del artículo 133° del Código Tributario referido a la inaplicación de intereses moratorios en exceso.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion de expedientes: Petitorio Minero “Representaciones Casasi” – Código N° 01-02444-05 Arbitraje entre Luz del Sur y COES – Código N° N/A

      Cuadros Guillén, Max Joel (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-04-14)
      El presente caso aborda la superposición total del petitorio minero “Representaciones Casasi” sobre la zona de amortiguamiento del área natural protegida “Parque Nacional Huascarán”; la cual genera, en el marco del procedimiento de titulación minera, la exigencia al peticionante -en virtud de la Ley de Áreas Naturales Protegidas- de obtener una opinión técnica favorable previa, emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, para la continuación de dicho procedimiento. Concretamente, a raíz de la opinión desfavorable emitida por el SERNANP, el Consejo de Minería analiza la motivación de dicha opinión, la cual se fundamenta en que -con el otorgamiento del título de concesión minera- se estaría generando una afectación inminente al medio ambiente (a cuencas de agua, flora y fauna), así como al Parque Nacional Huascarán, que es clasificado como un área natural protegida de “Uso Indirecto”. Por otro lado, se evalúa si es oportuno la exigencia de contar con la opinión técnica favorable previa dentro del procedimiento ordinario minero, teniendo en cuenta la existencia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Mineros (la sola obtención del título de concesión minera no basta para realizar actividades in situ).
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion del expediente: N° 00474-2016-PA/TC

      Torres Coayla, Claudia Milagros (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-19)
      Luciana León y Cecilia León, interponen demanda de amparo alegando que sus derechos fundamentales de asociación e igualdad están siendo vulnerados por el Club Regatas Lima al privárseles el acceso a las instalaciones de la demandada y no permitir presentar la Solicitud para ser Asociadas Activas en su calidad de hijas de asociado, ello en el marco de las investigaciones que el padre de las accionantes Sr. Rómulo León Alegría estaría siendo involucrado en el caso popularmente conocido como “Petroaudios”. En la presente controversia, será el Tribunal Constitucional vía recurso de Agravio Constitucional quien resuelva el conflicto y determine si el derecho de asociación se vio vulnerado al negársele el acceso a sus hijas en calidad de socias accesitarias del padre, y, en consecuencia, determinar si se lesionó los derechos fundamentales de igualdad y de presunción de inocencia.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentacion del pleno de sentencia N° 558/2021 – Exp. 000175-2017

      Ramos Ramos, Renzo Alberto (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-18)
      El presente trabajo tiene como objetivo poder adoptar una postura respecto de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 558/2021 – Exp. 000175-2017, seguido por la demandante el Centro Cristiano Camino de Santidad en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el proceso de amparo, en donde el punto álgido sobre el derecho constitucionalmente vulnerado es el derecho a la libertad religiosa de la accionante. Por lo que, para entender los criterios empleados en dicha sentencia, y que luego son discutidos en el voto singular de dos de los siete magistrados del referido Tribunal, es importante abordar primero lo que involucra el derecho eclesiástico del Estado, como éste se encuentra integrado, de manera que podamos entender la repercusión de sus fuentes y principios esenciales, para finalmente entrar a hablar sobre el ejercicio individual de la libertad religiosa, así como de su manifestación colectiva a través de las Religiones, iglesias, actividades en comunidad, cultos y credos, entre otros factores, que hacen de este trabajo un tema bastante interesante de abordar.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: EXP. N°01413-2017-PA/TC

      Avalos Vargas, Athenas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-02)
      El caso en concreto trata sobre la demanda de amparo interpuesto por el Sr. Juan Ruelas Noa, quien cuestiona el Reglamento Interno del edificio donde mora, en atención a que las disposiciones establecidas en dicho cuerpo normativo, prohíbe la tenencia, ingreso y permanencia de mascotas, manifestando que sus derechos de libertad de tránsito, así como libre desarrollo de la personalidad están siendo vulnerados. El primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima lo declara improcedente, del mismo modo lo declara la resolución de segunda instancia de la Cuarta Sala Civil. Finalmente, el Tribunal Constitucional determino la vulneración a sus derechos de transito y libre desarrollo de la personalidad, aplicando el test de proporcionalidad.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: Nº 03150-2017-PA/TC

      Traverso Candela, Nancy Antonella (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-19)
      Es importante la revisión del presente expediente debido a que contiene una casuística que no ha tenido un precedente por el Tribunal Constitucional, donde se evidencia las limitaciones a la libertad para contratar con el Estado que tiene el hermano de un Congresista, en sus distintos niveles de gobierno, ello en atención a los impedimentos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Del mismo modo, si bien es cierto deben existir impedimentos para contratar con el Estado para ciertos funcionarios, ello en atención a que por sus altos cargos pueden aprovechar de los mismos para cometer posibles fraudes o actos de corrupción, los mismos deben ser acotados y elaborados por el legislador en base a parámetros de razonabilidad, con la finalidad de no perjudicar a personas que por el hecho de tener algún parentesco con estos funcionarios se vean limitados en su libertad para contratar con el Estado, contraviniendo el principio de inocencia que debe regir en los actos y procedimientos tramitados por el Estado. Asimismo, es importante el presente trabajo por cuanto se ha desarrollado la herramienta procesal de la sustracción de la materia, la cual ha sido aplicada por el órgano jurisdiccional, por haberse derogado la norma que fue invocada por el accionante, pero que fue recogida taxativamente por la nueva norma, manteniéndose el agravio que fue materia de la pretensión por parte del accionante.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC1

      Vasquez Lopez, Mario Ruben (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-02)
      El presente trabajo tiene por finalidad analizar la decisión en mayoría adoptada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en los Expediente Nº 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC2, mediante la cual se cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la Ley Nº 30230, “Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”. De ese modo, se realizará un análisis de los fundamentos de la demanda, la contestación de demanda, así como los considerandos de la sentencia, a fin de emitir una opinión legal de las materias controvertidas y exponer finalmente mis conclusiones sobre el caso.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 0006-2014-PI/TC

      Rojas Polo, Juan José (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-19)
      En el presente informe se analizarán los fundamentos desarrollados por el Tribunal Constitucional al momento de resolver la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Lima contra el artículo 5º y la Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado del 18 de abril de 2012, signado con el número de Expediente Nº 0006-2014-PI/TC. El Decreto Legislativo Nº 1106 mediante su Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias introduce modificaciones a la Ley Nº 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y el Decreto Legislativo Nº 1049 – Decreto Legislativo del Notariado respectivamente, y tipifica un nuevo delito en su artículo 5º, con lo cual el legislador apunta a mejorar los mecanismos de prevención y represión del delito de lavado de activos. Sin embargo, el Colegio de Notarios de Lima considera que dichas normas devienen en inconstitucionales, mientras que el representante del Poder Ejecutivo emisor del decreto en cuestión, defiende la constitucionalidad las mismas. Como parte del presente informe, se detallarán y analizarán los argumentos esgrimidos por las partes intervinientes y las normas jurídicas invocadas como sustento, así mismo se examinará lo argumentado y resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, se desarrollarán aspectos relevantes del delito de lavado de activos, como el sistema de prevención, operaciones o transacciones sospechosas, el bien jurídico protegido, entre otros.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 02005-2009-PA/TC

      Espinal Reyes, Claudia Raquel (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-02-26)
      En el presente informe se analizará la Sentencia 02005-2009-PA/TC del 16 de octubre de 2009, mediante la cual el Tribunal Constitucional del Perú ordenó al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuir el anticonceptivo oral de emergencia o Píldora del Día Siguiente, debido a  su posible efecto abortivo. Esta atribución dada que la píldora atentaría contra el derecho a la vida del concebido, protegido por el artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 03223-2014-HC

      Aguilar Guevara, Kiara (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-03-30)
      La presente sentencia inicia con la demanda de hábeas corpus interpuesta por el señor Pedro Omar Rodríguez Molina con la finalidad de terminar con la detención preventiva ordenada por el Juzgado y confirmada por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal. Manifestando que en este proceso se habían vulnerados derechos como la motivación de resoluciones judiciales y el debido proceso. Argumenta que el mandato de detención emitido por primera instancia no valoró las pruebas presentadas donde se demostraba que no tiene antecedentes penales, judiciales, ni policiales, no cuenta con requisitorias ni existe prueba que demuestre su culpa en algún delito similar. Así mismo manifiesta se omitió valorar las pruebas presentadas con respecto a su arraigo domiciliario a pesar de que este había sido demostrado mediante un documento probatorio (un contrato de arrendamiento y recibos de servicios básicos) así como la constancia de trabajo que prueba su arraigo laboral. El TC resolvió infundada la demanda, analizando que el órgano judicial si cumplió con la exigencia constitucional de la motivación manifestando que si existió una argumentación objetiva y razonable. Otro punto relevante, es el referido a que la configuración del peligro procesal no implica que, de manera simultánea, tengan que concurrir el peligro de fuga y la obstaculización del proceso, o que, respecto del peligro de fuga, tengan que, conjuntamente, concurrir la carencia del arraigo domiciliario, familiar y laboral; puesto que resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 04938-2018-PA-TC

      Leveratto Rocha, Lehandra Geraldine (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-12-03)
      Sobre el particular, es relevante la revisión del presente expediente debido a que desarrolla la controversia entre la desnaturalización de los contrates modales en el sector público, donde se evidencia que si bien es cierto, al desnaturalizarse un contrato modal este deviene en un contrato a plazo indeterminado de conformidad por lo dispuesto en el artículo 77° literal d)1 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, también lo es que al no haber ingresado la actora a la institución pública mediante concurso público y de conformidad por lo dispuesto en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC ( Caso Huatuco Huatuco), la reincorporación laboral en la carrera pública, solo se da si el actor ingreso al centro de labores mediante un concurso público de méritos para acceder a una plaza vacante y presupuestada. En la presente sentencia, se va a poder observar la correcta aplicación del amparo en la vía laboral previo a la entrada en vigor de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, asimismo, se podrá observar la contradicción entre la medida cautelar otorgada a la demandante de reincorporarla de manera previsional para que finalmente se opte por declarar improcedente la demanda y se derive al juzgado de origen. Finalmente, es importante el presente trabajo toda vez que en el transcurso del proceso se puede observar el cumplimiento de un precedente vinculante y como este termina concluyendo con que la vía más idónea para resarcir el daño causado por la extinción del vínculo laboral en aquellos contratos desnaturalizados termina siendo la indemnización en el sector público.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: 05410-2015-PA/TC

      Gervacio Castilla, Melissa Maria (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-02-12)
      El presente trabajo a exponerse trata sobre la demanda presentada por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante, SMCV), en la que solicitan la inaplicación del Decreto Supremo 130-2013-PCM, que establece disposiciones referidas al aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), y de que dicha norma vulnera los principios de Legalidad, No confiscatoriedad y Reserva de Ley en materia tributaria. Dicho lo anterior, el Tribunal Constitucional resolvió que dicha norma no había violado los principios que se indican en el párrafo anterior, y que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene un rol importante que cumplir, en este caso sería el rol fiscalizador que se le ha conferido, y que es de suma importancia velar por el ambiente, por lo cual declara infundada la demanda. De los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, los votos fueron de la siguiente manera. Declararon Infundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Miranda Canales Ramos Núñez Ledesma Narváez Espinosa – Saldaña Barrera Declararon Fundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Blume Fortini Sardón de Taboada El Magistrado Ferrero Costa, solicitó abstenerse para el presente caso, y su solicitud fue aceptara por el Pleno el 21 de marzo de 2019.
      Acceso abierto
    • Informe para la sustentación de expediente: EXPEDIENTE No. 04532-2013-PA/TC

      Velásquez Romero, Sebastian Alonso (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-12-03)
      Por medio del presente informe se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de amparo interpuesta por ICATOM S.A.1, asimismo, se precisarán los actos procesales acaecidos en las instancias judiciales, a fin de analizar la materia controvertida y el sentido del fallo al que arribó el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 04532-2013-PA/TC, a la luz de la jurisprudencia y doctrina vinculadas al derecho al plazo razonable en el procedimiento contencioso tributario.
      Acceso abierto