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Análisis de la Vulneración del Derecho a Defensa por Ineficacia de la Defensa Pública Gratuita(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-14)El presente trabajo tiene como finalidad analizar y determinar la vulneración de las garantías del derecho a la defensa del procesado, a partir de la ineficacia de su defensa, tomando como base el fallo del Tribunal Constitucional en la Sentencia N.º 00032-2025 (Expediente N.º 04696-2023-PHC/TC), en la cual se evaluó el alcance del derecho a una defensa efectiva. Asimismo, se examinan los fundamentos de los magistrados al resolver la disyuntiva en torno a la alegada ineficacia de la defensa técnica del acusado durante el proceso que concluyó con su sentencia. Para ello, se utilizarán fuentes jurisprudenciales y doctrinales, con el propósito de evaluar el reconocimiento de las garantías del derecho a la defensa que el Tribunal Constitucional busca proteger, frente a su aparente vulneración por parte del Juzgado Constitucional de Chimbote, el cual consideró improcedente el uso del hábeas corpus para reexaminar una sentencia firme. Finalmente, en las conclusiones se valorará la existencia de una vulneración a las garantías del derecho de defensa del acusado, así como un análisis profundo de los argumentos esgrimidos por los magistrados. Además, se reflexionará sobre la eficacia real del acceso gratuito a una defensa técnica en el Perú.Acceso abierto
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Afectación del Derecho al Medio Ambiente Equilibrado y Responsabilidad Funcional de los Magistrados en el Expediente N.° 01272-2015-PA/TC(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-14)El presente trabajo será enfocado en el análisis crítico de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 01272-2015-PA/TC, relacionada con una demanda de amparo interpuesta por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS PERÚ), contra la Municipalidad Provincial del Callao. Si bien en la demanda se invocan diversos derechos fundamentales, el análisis se centrará en el derecho al medio ambiente equilibrado, dada su importancia para la protección de los intereses difusos. A pesar de que el Tribunal declaró fundada la demanda, surge la pregunta de si correspondía realmente declarar el amparo como fundado, dada la falta de un desarrollo exhaustivo de los criterios de procedencia del amparo en la sentencia. Debido a que, en lugar de un análisis detallado, el Tribunal optó por una definición general, lo cual genera dudas sobre la solidez de los fundamentos de la decisión y su efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Este trabajo también examinará las posiciones de los magistrados, quienes emitieron votos singulares con interpretaciones distintas sobre el alcance del derecho al medio ambiente y la procedencia de la demanda de amparo. A través de ese análisis, se reflexionará sobre la solidez jurídica de la decisión y los estándares de motivación judicial en la sentencia.Acceso abierto
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Análisis de la Vulneración de Derechos Humanos en la Aplicación de Medidas Privativas de Libertad en México(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo analiza el caso de dos ciudadanos mexicanos acusados de homicidio en 2002, quienes fueron arrestados sin una orden judicial y sometidos a las medidas de arraigo y prisión preventiva oficiosa. No fueron notificados de los cargos hasta 47 y 34 días después de su detención, y estuvieron privados de su libertad durante 17 años sin una sentencia, la cual se dictó 20 años más tarde. El análisis pone de manifiesto que el uso automático de medidas privativas de libertad infringe varios derechos humanos esenciales. Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa, ya que fueron detenidos sin justificación legal y no se les informó sobre los cargos. Además, la demora excesiva en el proceso y la falta de las debidas garantías judiciales evidencian una violación al derecho a un juicio justo. También se destaca el uso de torturas para obtener confesiones, lo cual infringe el derecho a la integridad y la exclusión de pruebas obtenidas de manera ilegal. A pesar de que intentaron presentar recursos para cambiar su situación, estos fueron rechazados, dejándolos en una situación de indefensión y afectando su derecho a una justicia rápida y efectiva. Finalmente, se destaca el valioso aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al declarar que el Estado mexicano es responsable de las violaciones cometidas, subrayando la relevancia del control de convencionalidad como herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en la protección de los derechos humanosAcceso abierto
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El Derecho a la Defensa en un Proceso de Ejecución de Garantías Hipotecaria (Pleno. Sentencia 11232020)(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-06)En el expediente materia del presente informe el demandante presenta un recurso de agravio constitucional a través de una demanda de amparo con el fin de que se declaren nulas las resoluciones judiciales emitidas en un proceso de ejecución de garantías en virtud de que, según sus argumentos, nunca tuvo conocimiento del proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Esto debido a que en el proceso ya se le consideraba debidamente notificado en la dirección consignada en el documento de escritura pública; sin embargo, el demandante había cambiado su dirección de residencia incluso antes de iniciarse el proceso. Posteriormente, el tribunal constitucional declara infundada la demanda de amparo alegando que no se ha demostrado la vulneración del derecho a la defensa del recurrente, ya que fue debidamente notificado con las formalidades legales establecidas por el ordenamiento jurídico. Al respecto, los problemas jurídicos planteados en el expediente Pleno.Sentencia 1123/2020 y los cuales serán materia de análisis en el presente trabajo son: analizar si realmente se vulnero el derecho a la defensa y la igualdad procesal, así como la importancia del uso adecuado de los actos procesales, en aras de salvaguardar un proceso célere y justo para las partes.Acceso abierto
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“Inscripción de la Copropiedad como consecuencia del Fenecimiento del Régimen de Sociedad de Gananciales a partir de la Resolución No. 1539-2023-SUNARP-TR”(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se expone y analiza la decisión del Tribunal Registral respecto a la apelación planteada por la presentante Luz Jazmine Alarcón Dávila, en contraposición a la observación formulada por la Registradora Pública de Predios de Lima, la Dra. María Tatiana Gutiérrez Enríquez, con relación a si procede la inscripción de la copropiedad en el Registro de Predios, como consecuencia del fenecimiento de la sociedad de gananciales, en mérito a su inscripción en el Registro Personal. Por ello y a fin de desarrollar el presente trabajo, se contemplan los conceptos básicos de la copropiedad, el matrimonio y su respectiva inscripción en los Registros Públicos; por lo que, se analiza el presente caso, tomando en cuenta diversas fuentes de consulta, tales como libros, artículos académicos, normativa y jurisprudencia que, coadyuvan a determinar que nuestra posición grupal se comparte con la decisión final emitida por el Tribunal Registral. El análisis del caso se basa en los criterios formulados por ambas instancias registrales. Por un lado, la aplicación de la norma respecto a la adjudicación de un bien por el fenecimiento de la sociedad conyugal y, su calificación registral apegada a la norma y criterio del Registrador y, por otro lado, al análisis que sustentan la decisión del Tribunal Registral. En efecto, la norma no es específica respecto a la adjudicación de bienes una vez inscrita la sustitución de régimen patrimonial en Registros Públicos, lo cual se presta a confusiones en lo que respecta a la liquidación, adjudicación, así como de la división y partición de las acciones y derechos del bien inmueble. Por lo que, se establecerán puntos de criterio de análisis, en el que nos inclinaremos a proponer una norma complementaria al Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, para la correcta aplicación de la norma sustentado en el Pleno CXV.Acceso abierto
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Vulneración del Derecho Pensionario e Inversión de la Carga Probatoria en el Caso Doris Fernández(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-13)Esta investigación analiza jurídicamente la decisión del Tribunal Constitucional en el Expediente Nro. 05134-2022-PA/TC, que involucra el caso de la Sra. Doris Lita Fernández de Núñez contra EsSalud, en un proceso de protección. El objetivo de este estudio es identificar problemas legales importantes relacionados con la violación del derecho a las pensiones, especialmente sobre el reconocimiento de su cargo y nivel laboral después de su traslado del MINSA al IPSS (hoy EsSalud). El análisis se organiza en tres aspectos principales. Se revisa primero el contenido de la decisión y del voto único de la magistrada Luz Pacheco Zerga, quien tiene una opinión crítica sobre la postura mayoritaria del Tribunal. En segundo lugar, se presenta la base conceptual que apoya el análisis, como el derecho a una pensión digna, el apercibimiento procesal y la inversión de la carga probatoria. Por último, se hace un análisis crítico sobre cómo el Tribunal razonó al enfrentar la falta de pruebas documentales de la demandante. Se destaca el uso de la llamada "prueba diabólica" y los riesgos de exigir cuando el acceso a la documentación depende de entidades estatales. La investigación revela una insuficiencia estructural en la administración documental estatal, y sugiere crear un Registro Nacional de Sentencias Laborales como una medida para prevenir problemas. Usar la deuda probatoria muchas veces sin criterios claros puede poner en riesgo la seguridad jurídica. La Sentencia subraya la importancia de hacer cambios en la administración pública para evitar que se repitan violaciones a los derechos fundamentales.Acceso abierto
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Análisis sobre la Expropiación en el Perú: Procedimiento y Determinación de Indemnización Justipreciada(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo tiene como objeto analizar la Sentencia 446/2020 recaída bajo el Expediente N° 02883-216-PA/TC. La Sentencia fue emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional el 4 de agosto de 2020, a propósito del recurso de agravio constitucional interpuesta por la Sociedad Agrícola San Agustín S.A. (“SASA”). El Tribunal Constitucional determinó la vulneración al derecho de propiedad de SASA, al haberse expropiado un área de 36,270 m2 de su predio sin que medie una compensación económica por dicho perjuicio. En virtud de ello, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (“MVCS”) el pago efectivo de una indemnización justipreciada en beneficio de SASA. En este trabajo analizaremos cómo el Estado peruano ha empleado la expropiación como un mecanismo para cumplir con sus fines. Esta medida expropiatoria no es per se ilegal, pues se encuentra reconocida en la Constitución. No obstante, es necesario que se cumplan ciertos presupuestos previstos en la norma y se proporcione una indemnización a los propietarios afectados. Para el desarrollo de nuestro análisis, nos estamos respaldando en diversas fuentes de consulta tales como: artículos académicos, jurisprudencia, y leyes aplicables. Finalmente, se concluirá que el Estado tiene la facultad de expropiar la propiedad de un individuo con el fin de ejecutar obras de necesidad pública o interés social, siempre y cuando se siga el procedimiento legal previsto en el Decreto Legislativo N° 1192. Asimismo, es imperativo que se otorgue una compensación justa a los propietarios afectados que refleje el valor real de la propiedad.Acceso abierto
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Alcances de la prohibición de regreso en delitos de colusión apropósito del caso Monroy Gálvez(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-07-14)El presente trabajo tiene como finalidad explicar los alcances de la institución de la Teoría de la Imputación Objetiva como es la denominada Prohibición de Regreso, principio que excluye de responsabilidad penal de quien actúa sin generar un riesgo propio relevante. Esta institución lo aplicaremos en uno de los ilícitos penales más frecuentes en nuestro país como es el delito de Colusión Agravada, figura que sanciona todo aquel acuerdo ilícito entre un funcionario público y un tercero para defraudar al Estado, constituyendo una forma de corrupción que afecta la integridad de las instituciones públicas. Ambos conceptos se analizan desde el derecho penal sustantivo, rama que determina qué conductas son ilícitas y en qué condiciones se imputa responsabilidad, buscando así, definir cuando una conducta debe ser penalmente sancionada y cuando no. El objetivo principal es definir y delimitar el alcance de dicha institución cuando se presenta en contextos vinculados a actos colusorios. Para ello, se empleará bibliografía especializada, destacando los aportes teóricos de Claus Roxin y en especial de Gunter Jakobs, cuya información resulta fundamental para comprender la teoría de la imputación objetiva, que sostiene que para imputar responsabilidad penal, es necesario no solo examinar la relación causal entre la conducta y el resultado, sino también el riesgo jurídicamente relevante que la acción del autor ha generado, es decir, si su intervención ha incrementado un peligro significativo para el bien jurídico protegido. Asimismo, el análisis estará respaldado por jurisprudencia relevante, la cual permitirá contextualizar y aplicar los conceptos teóricos a casos concretos. Finalmente, como conclusión se observó que la Casación N° 526-2022, desde la teoría de la imputación objetiva, no se le puede atribuir responsabilidad penal cuando la conducta se enmarca desde un acto neutral, coincidiendo con los Magistrados en el punto de que el abogado actuó dentro de su rol profesional, sin tener ningún vínculo ni conocimiento del hecho delictivo, garantizando de esa forma el principio de legalidad.Acceso abierto
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La Delimitación Del Mejor Derecho De Propiedad En Doble Venta: Contrato Privado Versus Inscripción Registral SUNARP(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-05)El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se desarrolla a propósito de un recién Pleno Jurisdiccional, en el cual se abordó, entre otros temas, el conflicto derivado de la doble venta. En dicho debate entre jueces, se enfrentan las posiciones del adquirente con posesión y título privado no inscrito frente al que inscribe su derecho sin poseer el bien. Este trabajo examina dichas posturas y su impacto en la tutela judicial de derecho de propiedad. A partir del estudio de jurisprudencia, libros, artículos y legislación nacional se examina y establece (i) si la anotación en los Registros Públicos debe prevalecer frente a la posesión del bien y un contrato privado con fecha cierta en situaciones de doble enajenación; y, (ii) si la exigencia de buena fe objetiva es esencial para otorgar preferencia al segundo adquirente. Todo ello con la finalidad de definir lineamientos jurídicos que aseguren la estabilidad de las transacciones inmobiliarias. En efecto, consideremos que el proceso sobre mejor derecho de propiedad requiere una interpretación que no se limite a la sola inscripción registral. El estudio de las posturas debatidas permite advertir que dar preferencia automática al adquirente inscrito, sin considerar elementos como la posesión o la buena fe objetiva, puede comprometer la seguridad jurídica. En ese sentido, se propone una modificación al artículo 1135 del Código Civil que permita un tratamiento más justo y coherente con la realidad jurídica del país.Acceso abierto
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Colisión entre el Derecho a la Salud y el Libre Desarrollo de la Personalidad(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-05-05)El objetivo principal de esta investigación es realizar un análisis jurídico de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 03065-2018-PA/TC, que resolvió el recurso de agravio constitucional interpuesto por Nancy Soledad Ordoñez Vaccaro. La demanda fue presentada en conjunto con Rosemarie Pacheco Ordóñez contra una resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Este fallo declaró fundada en parte la demanda de amparo, reconociendo la vulneración de derechos fundamentales sólo respecto de Pacheco Ordóñez, mientras que las pretensiones de Ordoñez Vaccaro fueron declaradas improcedentes. El conflicto se centra en la tensión entre dos derechos fundamentales: el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, representado en este caso por el acto de fumar dentro de una propiedad privada. A partir de este conflicto, se evaluará si la decisión del Tribunal se enmarca en una interpretación correcta del orden constitucional, considerando el uso de la ponderación como herramienta para resolver colisiones entre derechos. Asimismo, se tomará en cuenta la postura de algunos magistrados que cuestionan la admisibilidad del recurso por no cumplir con los requisitos para una verdadera colisión de derechos. Finalmente, se determinará si el reconocimiento del derecho a la salud como prioritario en ciertas circunstancias es jurídicamente válido, siempre que se pruebe una afectación concreta y significativa que justifique la limitación del derecho al libre desarrollo personal.Acceso abierto
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Vulneración al Derecho de Identidad debido a Lagunas Axiológicas relacionadas a los Apellidos del Adoptado(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo de suficiencia profesional conlleva un análisis sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al Expediente 04231-2022-PA/TC, el cual aborda el fallo emitido por esta entidad con relación al recurso de amparo presentado por el Sr. R.A.Ordóñez Bacilio mediante el cual solicita dejar sin efecto la cancelación de su acta de nacimiento con número de registro 3002855870 y el recurso de apelación que fue declarado infundado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por la presunta vulneración a su derecho a la identidad e igualdad al no emitirse nuevo documento nacional de identidad (DNI) en el que consigne los nombres y apellidos de R.A. Bacilio Bacilio tras su adopción por parte de R.J. Bacilio Camarena el 26 de agosto del 2016. De esta manera, para el desarrollo de nuestro informe se han consultado y empleado diversas fuentes en materia de Derecho que permitan evidenciar y sustentar la postura tomada por las autoras en cuanto a la decisión del tribunal de declarar infundada la demanda en el extremo del derecho a la identidad e improcedente con relación al derecho a la igualdad. Finalmente, se centrará el análisis en desarrollar los aspectos generales del derecho a la identidad, dilucidar si existió una vulneración a los derechos constitucionales que alega el demandante y determinar si la vía tomada fue la idónea para la solución de la controversia.Acceso abierto
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La necesidad de criterios para proteger el secreto profesional a partir de sentencia 199/2024 (TC)(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) tiene el objetivo de exponer y analizar la Sentencia 199/2024, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional, cuya controversia se sitúa en la debida aplicación del principio de objetividad para iniciar la investigación fiscal y sus diligencias. Dicha sentencia resolvió el recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Arsenio Ore Guardia contra la decisión del Primer Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual declaró infundada la demanda de amparo y la Segunda Sala confirmó la negativa. Efectivamente, para contribuir al desarrollo del análisis, se procedió a utilizar diversas fuentes, entre artículos de revistas jurídicas, reglamentos y libros, con el fin de brindar información veraz al trabajo. Asimismo, el análisis de la sentencia que emitió el TC, se fundamenta en las posiciones de los Magistrados del Pleno, ya que, discrepamos con el voto singular del Magistrado Manuel Monteagudo Valdez, el cual considera que la decisión mayoritaria tiene una postura subjetiva basada en simples sospechas por tratarse de un caso emblemático. Por ello, discrepamos del voto singular, ya que, es necesario respaldar el principio de objetividad para la investigación fiscal, siendo ajeno al delito o la popularidad del caso. Dicho esto, consideramos la necesidad de aplicar criterios que respalden aquel principio.Acceso abierto
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Análisis Jurídico del Caso INDECOPI 1688-2021-SPI: Uso del Nombre Comercial y Plazo Probatorio(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo analiza, desde una perspectiva jurídica, el impacto del precedente vinculante establecido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante “la Sala”) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, “INDECOPI”), en la Resolución N.º 1688-2021/TPI-INDECOPI, el cual fija un plazo máximo de seis (6) meses para acreditar el uso continuo de un nombre comercial. En específico, se evaluará cómo este criterio incide en el ordenamiento jurídico nacional y en la práctica administrativa, con relación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales son garantías fundamentales de los administrados dentro del procedimiento administrativo, como es el caso del procedimiento de registro de signos distintivos. Con ese fin, se revisarán los fundamentos normativos y jurisprudenciales que sustentan este precedente, y se analizará si la rígida aplicación del plazo resulta compatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, para enriquecer este análisis, se realizará una referencia de algunas normas en el derecho comparado, abordando criterios normativos y jurisprudenciales de otras jurisdicciones que permitan contrastar el enfoque peruano y proponer eventuales mejoras. En nuestras conclusiones, se presentarán propuestas orientadas a flexibilizar el enfoque actualmente adoptado, como la ampliación razonada del plazo probatorio, entre otras medidas. Estas recomendaciones buscarán garantizar el respeto de los principios garantistas de los administrados en el derecho registral de la propiedad industrial.Acceso abierto
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Los Límites al Principio de Especialidad Registral a Propósito de la Resolución n.º 3127-2021-SUNARP-TR(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-04)El presente trabajo de Suficiencia Profesional analiza la resolución N°- 3127-2021-SUNARP-TR emitida por el Tribunal Registral que confirmó la denegatoria de la inscripción registral presentado por el administrado ante el registrador público del Registro de Personas Jurídica de Lima respecto a la inscripción del Consejo Directivo Regional del Colegio de Obstetras XX Moquegua en la partida electrónica del Registro de Personas Jurídica de Lima, dicho caso servirá de estudio para poder identificar de manera correcta las inscripciones en el sistema registral peruano Con la finalidad de lograr el desarrollo de trabajo, se ha valorado distintas fuentes especialmente como libros, resoluciones y Decretos Ley. Para el estudio del caso, se ha tomado como punto de partida las posturas de los vocales y del Presidente del Tribunal Registral, en ese sentido, nos mostramos conforme con lo resuelto por la segunda instancia registral por el cual se denegó la inscripción formulada puesto que se ha realizado un adecuado estudio a la normativa que regula la creación del Colegio de Obstetras del Perú, así como la correcta aplicación de los principios registrales en concordancia con las normas o leyes que regulan el sistema registral peruano. En tal sentido, es necesario dar una revisión a un principio fundamental del sistema registral como el de especialidad que identificará dónde inscribir los derechos y obligaciones de los actos que requieren de la formalidad necesaria del ordenamiento jurídicoAcceso abierto
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Observancia del principio de objetividad en la función fiscal. A propósito del caso Oré Guardia.(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)La presente investigación examina la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el expediente N.º 04382-2023-PA/TC, que analiza la supuesta vulneración del principio de objetividad fiscal en el caso seguido contra Arsenio Oré Guardia. El demandante cuestionó la participación del fiscal José Domingo Pérez Gómez en la investigación por obstrucción a la justicia, al considerar que este no reunía las condiciones necesarias de ajenidad respecto de los hechos, al haber sido directamente afectado por ellos. El Tribunal, por mayoría, declaró fundada la demanda de amparo, estableciendo como estándar vinculante que la objetividad fiscal no solo exige ausencia de parcialidad real, sino también apariencia de imparcialidad funcional, como garantía esencial del debido proceso. No obstante, los votos en minoría y el análisis doctrinario advierten los riesgos de interpretar de forma rígida dicho principio, en tanto podría debilitar la eficacia del Ministerio Público en la persecución penal, especialmente en delitos complejos. A partir del estudio del caso, se proponen lineamientos normativos que definan con mayor precisión el alcance del principio de objetividad y se plantea fortalecer el control judicial como mecanismo para resolver cuestionamientos sobre imparcialidad, sin comprometer la unidad y continuidad de las investigaciones fiscales.Acceso abierto
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La Exigencia de Motivación de Sentencias Penales en Referencia a la Valoración de la Prueba(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo tiene como objeto analizar el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales penales, con especial énfasis en su relación con la valoración de la prueba. La investigación parte del análisis del expediente N.° 00948-2022-PHC/TC, mediante el cual el Tribunal Constitucional resolvió una demanda de hábeas corpus interpuesta contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el marco de un proceso penal por homicidio calificado. En dicho caso, se cuestionó la motivación de la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia sin posibilidad de revisión ulterior, así como la omisión de pronunciamiento sobre pruebas controvertidas. A partir del estudio del marco normativo, la doctrina relevante y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se examina el dilema central de la investigación: ¿puede el Tribunal ejercer control constitucional sobre la valoración de prueba cuando hay afectación de derechos fundamentales, o debe rechazar liminarmente dichas pretensiones por tratarse de cuestiones de hecho? Como conclusión, se sostiene que el control constitucional sobre la actividad probatoria en sede penal debe ser excepcional, pero jurídicamente viable, cuando se acredite una afectación sustancial al debido proceso. En tales supuestos, el Tribunal no debe revalorar pruebas, pero sí garantizar que estas hayan sido incorporadas y valoradas conforme a los estándares mínimos de legalidad, razonabilidad y motivación judicial.Acceso abierto
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La Jurisdicción Comunal de las Rondas Campesinas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Exp. 03947-2022-PHC/TC(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-15)El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis crítico sobre el reconocimiento y la valoración de las funciones jurisdiccionales ejercidas por las rondas campesinas en el Perú, a partir de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 03947-2022-PHC/TC. Para dicha finalidad se elaborará una breve descripción de los hechos del caso y del razonamiento del TC, para luego desarrollar un marco teórico en el que se incluyan las principales instituciones jurídicas vinculadas al tema, las cuales serán abordadas desde su regulación en el ordenamiento jurídico peruano, en la jurisprudencia, en los aportes de la doctrina especializada, en el derecho comparado y en otras fuentes pertinentes. Por último, se presentará una valoración de los principales argumentos expuestos en la mencionada sentencia, concluyendo que debe reconocerse que las rondas campesinas realizan funciones jurisdiccionales y no únicamente son órganos de apoyo a las autoridades comunales. En ese sentido, se subrayará la necesidad de interpretar y valorar dichas funciones desde la óptica del pluralismo jurídico vigente en el Perú, reconociendo su complejidad incluso en aquellos supuestos en los que puedan entrar en tensión con derechos fundamentales, rechazando así cualquier interpretación “aislada y literal” del artículo 149 de la Constitución que ha prevalecido en algunos sectores, advirtiendo que la Constitución no crea realidades, sino que las regula.Acceso abierto
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La No Pluralidad de Clientes Como Indicio de la Desnaturalización de la Tercerización Laboral(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por fin enfocarse en uno de los criterios del contrato de tercerización, por ello se procederá a desarrollar como la pluralidad de clientes puede constituir un indicio de la no desnaturalización de la tercerización laboral. Para esto, se centrará en la Casación Laboral N.º 33874-2019-Lima, la cual fue emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 01 de agosto del 2022. Se procederá a exponer las bases teóricas que nos ayudarán a ahondar en el régimen de tercerización laboral y sus criterios en base a los argumentos de la casación y del voto de discordia. De esta forma se realiza una investigación sobre la tercerización laboral, la desnaturalización del contrato de tercerización, los supuestos de desnaturalización de la tercerización, la pluralidad de clientes y las excepciones del requisito de pluralidad de clientes. Por último, se explicará la postura del grupo en base a la jurisprudencia y el análisis crítico de los fundamentos de casación y voto de discordia, en el cual se concluye si el criterio de pluralidad de clientes y su ausencia es un causal para la desnaturalización. En base a ello, se propone una reforma al articulo 3 del Decreto Supremo N°006-2008-TR, considerando que en la redacción actual se entiende que la falta de pluralidad desvirtúa la tercerización, lo cual resulta impreciso. En consecuencia, se plantea que dicho criterio sea reformado como accesorio y no esencial dentro del régimen de tercerización para la validación de su existencia.Acceso abierto
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La Vulneración del Principio de Tipicidad por la Interpretación Analógica de Prácticas Antisindicales Tipificadas(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-07)Mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2025-SUNAFIL/TFL se estableció como precedente de observancia obligatoria que cualquier conducta que afecte el derecho a la huelga, y por ello las conductas referidas a imponer sanciones disciplinarias a los huelguistas y la colocación de comunicados se enmarca dentro de las prácticas antisindicales tipificadas en el numeral 25.9 del artículo 25 del Reglamento de la Ley de General de Inspección del Trabajo a partir de la figura de las cláusulas de interpretación analógica. Al respecto, el presente trabajo se enfoca en determinar si la interpretación otorgada por el Tribunal habría vulnerado el principio de tipicidad, toda vez que el numeral 25.9 si bien tipifica las prácticas antisindicales que vulneran el derecho a la huelga no contiene referencia alguna a las conductas realizadas por la empleadora; y si estas podrían ser subsumidas en el numeral 25.10 del referido cuerpo legal en el cual se desarrollan las prácticas antisindicales que vulneran la libertad sindical. A partir del análisis de diversa doctrina y jurisprudencia nacional concluimos que la interpretación realizada por el Tribunal ha vulnerado el principio de tipicidad pues las conductas que se le imputan a la empleadora no están contenidas en el numeral 25.9. Además, estas podían subsumirse en el numeral 25.10, pues las prácticas que vulneran el derecho a la huelga a su vez afectan la libertad sindical. Se resalta la necesidad de que el legislador brinde una interpretación estricta al numeral 25.9 a fin de resguardar el principio de tipicidad.Acceso abierto
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La Aprobación Automática en Infraestructura de Telecomunicaciones y su Impacto en los Derechos Fundamentales.(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2025-06-20)El presente trabajo analiza la Sentencia N° 98/2024 emitida por el Tribunal Constitucional en el marco del recurso de agravio constitucional interpuesto por la Junta Vecinal Comunal del Barrio Norte — Sullana que solicitó el retiro de una antena de telefonía móvil instalada sin autorización municipal por la empresa Andean Telecom Partners Perú S.R.L. La demanda alegó vulneración a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y medio ambiente equilibrado. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda indicando que la instalación de la antena se encuentra amparada en el régimen especial de aprobación automática establecido en la Ley 29022 y su reglamento. En consecuencia, las municipalidades no pueden exigir requisitos adicionales a los previstos por ley, y mientras se cumpla con los requisitos legales, no se presume afectación de derechos fundamentales. No obstante, los magistrados Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich emitieron votos singulares apartándose del criterio legalista adoptado por la mayoría, coincidiendo en que la aprobación automática no puede interpretarse de forma aislada, pues ello puede suponer una vulneración en el derecho al medio ambiente y a la salud. Sostuvieron que las municipalidades conservan la competencia para verificar si la ubicación y condiciones de instalación respetan criterios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad para los vecinos. El trabajo analiza el criterio legalista adoptado por el voto mayoritario. No obstante, concluye que la instalación de la antena sin autorización municipal evidencia una omisión incompatible con el deber estatal de prevención y respeto irrestricto de los derechos fundamentalesAcceso abierto
