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Recent Submissions

  • Informe para la sustentación de expedientes N° 10141-2012-0-1801-JR-LA-10 y N° 44496-2009-0-1801-JR-CI-27

    Quispe Meza, Vanessa Janet (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-07-16)
    El presente trabajo se encontrará referido a dos procesos judiciales de dos ramas principales del Derecho. El primero es el expediente N° 10141-2012, el cual es parte del derecho público, de la rama de derecho laboral. Por lo mismo, la primera parte del presente informe, expondrán los fundamentos de hecho y derecho de la demanda iniciada por el señor Carlos Mac Lean Crestani en contra de la empresa EDITORA PERÚ, por la comisión de actos hostiles que derivaron en un despido arbitrario. Se analizará si los hechos demandados son actos hostiles y si estos de manera efectiva originaron el despido del demandante o si en todo caso, estamos frente a una decisión unilateral del señor Mac Lean consistente en culminación de la relación laboral. Por lo mismo, se tomarán en cuenta lo señalado por los magistrados en las diversas instancias y esto será analizado con las fuentes de derechos aplicables en relación con temas de cese de actos hostiles, despido y cuestiones procesales.
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  • Informe para la sustentacion de expedientes Expediente Nº 00304-2009-0-1308-JR-FC-01 Expediente Nº 485-2018/CC2

    Mazuelos De la Cruz, Irene Medalit (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-08-17)
    El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho, iniciado por Efraín Jaime Minaya Leyva contra Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, así como el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el que Kelin Day Alvarado Cuenca formula denuncia contra la empresa la Corporación Lindley S.A. por presunta infracción al deber de inocuidad. En lo que respecta al primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si se ha configurado la causal de separación de hecho y si existe un cónyuge perjudicado a raíz de la separación. Por lo que, el juzgador en las distintas instancias del proceso verifica si se ha cumplido con los tres elementos de la causal invocada, y si la separación ha originado un perjuicio a uno de los cónyuges, a efecto de declararlo como perjudicado y otorgarle la indemnización correspondiente. Cabe acotar que, la presente litis, ha generado sentencias contradictorias e incluso la Corte Suprema declaró nula la sentencia de vista, en el extremo que, integrando la sentencia apelada, declaró infundada la reconvención por indemnización. En lo que respecta al segundo procedimiento, este versa sobre la presunta infracción al deber de inocuidad previsto en el artículo 30° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Cabe señalar que, al inició de este procedimiento, se presume la vulneración al artículo 18° y 19° del Código antes mencionado, los cuales hacen referencia a que la idoneidad debe ser entendida como la correspondencia entre los que el consumidor espera y lo que recibe, en función a lo que le ofrece la empresa, y, que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; no obstante, después del análisis realizado por los órganos, se determina que la vulneración realizada es al artículo 30°, el cual versa sobre la inocuidad de los alimentos.
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  • Informe para la sustentacion de expedientes Expediente Privado N°0465-2008-0-1817-JR-CO-02/Expediente Público N°00019-2013-0-2501-SP-CI-02

    Leigh Pedraza, Nícolas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-03)
    El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo realizar el análisis de dos expedientes, uno de ellos de derecho público y el otro de naturaleza privada. El expediente público versa sobre un proceso de amparo en el cual una trabajadora de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote solicita su reposición en sus labores habituales, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote alega que no existe relación laboral entre las partes, al encontrarse la trabajadora bajo el régimen del contrato administrativo de servicios. Sin embargo, al valorar de forma conjunta y razonada los medios probatorios ofrecidos por las partes, se concluye la existencia de un contrato laboral a plazo indeterminado. En lo que respecta al expediente privado, se ha hecho un análisis de un proceso civil al amparo de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley General de Sociedades, mediante el cual se solicita la modificación de la denominación social de la empresa Renting Perú S.A.C., puesto que la demandada cuenta con una denominación social similar a la del demandante, la cual fue inscrita en el año 2007 con posterioridad a la fecha en que el demandante inscribió su sociedad bajo la misma denominación social. Finalmente, la Corte Suprema amparó la demanda ordenándose la modificación de la denominación social al resultar similar a la adoptada por la demandante. En línea a lo antes expuesto, el análisis de ambos expedientes consistirá en determinar qué sentencia se encuentra acorde al ordenamiento jurídico, a partir de su aplicación y valorando los medios probatorios pertinentes en el proceso.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente N.° 011-2009/CLC-INDECOPI Expediente N.° 09388-2011-0-1801-JR-FT-12

    Inocente Ramos, Aarón Alexander (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-14)
    La finalidad de este trabajo es desarrollar los fundamentos del expediente N.° 011-2009/CLC, detallando su valor jurídico en relación al Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia. Al respecto, se aborda el procedimiento seguido por E&B E.I.R.L contra GLORIA S.A. y DISTRIBUIDORA FERIA PUCALLPA S.A.C., en el cual la discusión principal versa sobre un supuesto abuso de posición dominante.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente N° 01431-2013-0-0401-JR-CI-09 Expediente N° 01754- 2013-0-0501-JR-DC-01

    Cabrera Bravo, Mercedes (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-20)
    El expediente privado versa sobre el proceso de nulidad de acto jurídico iniciado por MMPA en contra de sus hermanos ESPA, MGPA y EGPA a fin de que se declare la nulidad del contrato de compraventa del inmueble ubicado en la Avenida Lima 786, Vallecito, Cercado, provincia y departamento de Arequipa, contenido en la Escritura Pública de fecha 29 de marzo del 2000, celebrado por JAC y MGPA. En este entendido, y como consecuencia de la declaración de nulidad, la demandante solicitó se cancele la Inscripción Registral que obra en la Partida Electrónica N° 0106183 del Registro de Propiedad Inmueble SUNARP de Arequipa correspondiente al contrato cuya nulidad se discute.
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  • Informe para la sustentación de expedientes 06001-2001-0-1801-JR-CI-37 031-2007/CCD

    Guzmán Zecenarro, Diego Martín (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-11)
    El Expediente N° 06001-2001-0-1801-JR-CI-37 versa sobre la materia de Obligación de dar Suma de Dinero en el marco de un proceso de ejecución accionado por el título ejecutivo pagaré. La relación inicia con un préstamo de consumo y se gatilla el proceso judicial al momento de cumplido el plazo acordado, no habiendo cumplido el demandado con su obligación. En ese sentido, con la finalidad de hacer cumplir la obligación vigente, el tenedor del pagaré solicita al Juez ordenar el pago del monto adeudado. Ahora bien, la Ley de Títulos Valores vigente a la fecha establecía una serie de supuestos por los cuales el demandado podía oponerse a la ejecución, en base a las relaciones personales que surjan con el emisor del crédito. De esta forma, la parte ejecutada indica que, el pagaré sería inexigible debido a que habría sido completado con un monto distinto al adeudado, lo que significaría una transgresión a los acuerdos a los que se llegaron al momento de emitir el título-valor.
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  • Informe para la sustentación de expedientes N°1786-2015/PS3 /N°25524-2011-0-1801-JR-CI-01

    Sicha Ñahuis, Karla Stefany (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-12)
    El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto el análisis de los principales problemas referidos al deber de idoneidad en servicios de reparación en atención a la garantía ofrecida por el proveedor, asimismo se efectúa un análisis y posición crítica sobre la resolución de imputación de cargos que efectuó el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 a Centro Suizo Relojero S.A.C. dada la formulación de la denuncia del señor Mauricio Manuel Arteaga Amaya. Es así que, se analiza la presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, consistente en que el proveedor denunciado habría negado injustificadamente al denunciante en reparar y/o cambiar la correa de su reloj en virtud de la garantía ofrecida al momento de su adquisición. Esta conducta fue en gran parte materia de pronunciamiento por parte del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 y la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Centro N° 2; a lo cual se ha efectuado un análisis sobre dichas contingencias, así como se hizo una referencia a la doctrina nacional, extranjera y de resoluciones emitidas en materia de protección al consumidor.
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  • Informe para la sustentación de expedientes 14438-2013-0-1801-JR-CI-11 1160-2018/CC2

    Grández Gil, Fiorela Nicole (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-12)
    La primera parte del presente trabajo de suficiencia profesional versa sobre el Expediente Privado Nº 14438-2013-0-1801-JR-CI-11, en materia de Derecho Civil. Se tiene que, la parte demandante, Inversiones Juan Enrique S.A.C, interpone una demanda de desalojo por ocupante precario en contra de Anselmina Fortón Ramírez y sus hijos Carlos Willian Carrasco Fortón, Flor Maribel Carrasco Fortón, Lourdes Viviana Carrasco Fortón, Renzo Madín Carrasco Fortón, Jason Jilver Carrasco Fortón, Diego Enrique Carrasco Fortón, Marco Antonio Carrasco Fortón y Carlos Marx Carrasco Fortón. Lo antes mencionado, a efectos de que se le restituya el bien inmueble ubicado en Jr. Lampa Nº 1174 del distrito de Cercado de Lima, inscrito a favor de la parte demandante en los Registros Públicos. A través de este proceso se va a discutir si los demandados cuentan o no con título válido para poseer el bien materia de Litis, en este sentido, los emplazados alegan no contar con la calidad de ocupantes precarios, pues poseen el bien a razón de una guardianía sobre este. Al final del proceso, la parte vencedora es Inversiones Juan Enrique S.A.C, ya que queda establecido que los demandados son, efectivamente, ocupantes precarios al no contar con título válido para poseer el bien inmueble en disputa y se procede con el lanzamiento de estos. Debido a lo antes mencionado, en el presente informe se realiza una síntesis del proceso en cuestión y se señalan los principales hechos, medios probatorios y fundamentos de cada parte para, consecuentemente, emitir una opinión analítica respecto de las decisiones adoptadas por las instancias respectivas, contrastando dichos pronunciamientos con lo establecido en la normatividad, doctrina y jurisprudencia respecto de los temas en concreto.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente Privado N° 176-2012-0-1801-JR-CI-19 Expediente Público N° 1692678-2017

    Lozano Huamani, Omar Anselmo (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-08)
    Que, es pretensión de la demanda se declare al actor propietario, por prescripción adquisitiva, del vehículo de placa de rodaje CGL-435, clase Automóvil, marca Honda, modelo FIT, año 2006, número de serie 93HGD17407Z500724, número de motor L13A47Z500737, inscrito en la Partida N° 51409544 del Registro de Propiedad Vehicular, señalando haberlo adquirido a nombre de la demandada, el treinta de julio del 2007, fecha desde la cual se encuentra en posesión del citado vehículo, en forma continua, pacífica y pública como propietario, por lo que habiendo transcurrido más de cuatro años debe declararse propietario del mismo por prescripción adquisitiva.
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  • Informe para la sustentación de expedientes N° 05221-2013-0-1801-JR-FC-04 (Expediente Privado) y N° 23142-2011-0-1801-JR-PJ-00 (Expediente Público)

    Escudero Quispe, Meggi Solanch (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-01)
    El trabajo de suficiencia profesional que a continuación se desarrolla, tiene como finalidad el estudio y análisis de dos expedientes, uno de derecho privado y otro de derecho público; los mismos que nos permitirán hacer un análisis no solo de las instituciones jurídicas que en ellos se presentan, sino que nos permitirá dirimir respecto a las diversas posturas han adoptado las instancias judiciales al momento de resolverlos. Con relación al expediente de derecho privado (Derecho de Familia - Civil) se tiene que la persona de Luzgardo Iparraguirre Claudet interpuso demanda de divorcio por causal de separación de hecho y la dirige contra Priscila Zenaida Santivañez Espíritu. Asimismo, como pretensión objetiva originaria demandó alimentos, patria potestad, liquidación de sociedades gananciales, obligaciones matrimoniales pendientes. Al contestar la demanda, la señora Priscila Zenaida Santivañez Espíritu formula reconvención solicitando el pago de cien mil soles por concepto de indemnización por daño moral. Realizado el proceso sin mayores inconvenientes, el juzgado declaró fundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho e infundada la reconvención planteada. Esta resolución fue apelada en el extremo que declara infundada la indemnización solicitada y eleva en consulta lo demás que contiene. Al resolverse el recurso interpuesto, la Sala Superior aprobó el extremo consultado y revocó el extremo impugnando, declarando fundada la pretensión de indemnización fijándola en cinco mil soles; no conforme con el monto otorgado, la demandada interpuso recurso extraordinario de casación, el mismo que fue resuelto por la Corte Suprema, declarándose infundado dicho recurso. Respecto al expediente de derecho público (Robo agravado - Penal), se tiene que se les imputó a Hernán Yrigoyen Figueroa (24), Sileer Geremias Valencia Vílchez (22) y José Ediño Torres Arias (19), que el día 02 de octubre de 2011 habrían interceptado a Celso Fabián Tomasto Espinoza, a quien lo habrían cogoteado y en forma violenta le arrebataron su celular. Iniciado el proceso penal y transcurrido el mismo, la Tercera Sala Penal emitió sentencia en la que falló condenando a los procesados como autores del delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Celso Fabián Tomasto Espinoza; imponiéndole a José Ediño Torres Arias, seis años de pena privativa de libertad; a Eduardo Hernán Yrigoyen Figueroa, ocho años de pena privativa de libertad y; a Sileer Geremias Valencia Vílchez diez años de pena privativa de libertad; asimismo, se fijó en tres mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que debían cancelar los sentenciados a favor del agraviado, a razón de mil nuevos soles cada uno. Tras ser impugnada la sentencia, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolvió el recurso de nulidad interpuesto, declaró haber nulidad en la sentencia impugnada y; reformándola, absolvieron a los procesados de la acusación fiscal.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: N° 829-2009/CPC - N° 003-2007

    Villena Nuñez, Marly Carol (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-01)
    El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se realiza en base al análisis jurídico del Expediente de Derecho Público N° 829-2009/CPC, el cual versa sobre materias de protección al consumidor, procedimiento administrativo sancionador y derecho civil, a través del cual se desarrolla la falta al deber de idoneidad y de información oportuna y adecuada que atribuye la Sra. Celia Rosa Yupanqui Astete a la empresa LAN PERU. Al amparo de la Ley de Protección al Consumidor, se evalúa el deber de idoneidad y de información, siendo en el caso concreto deber de la aerolínea cumplir con informar correctamente sobre las tarifas que se ofrecen y la regulación que aplica respecto a cada tarifa, así como también los lineamientos que los usuarios deben conocer para abordar oportunamente sus vuelos. Dicho ello, la relevancia jurídica del análisis del presente Expediente reside en la aplicación de la regulación en materia de Protección al Consumidor por parte de la entidad administrativa encargada, el Indecopi, y la evaluación de esta entidad respecto al problema de asimetría informativa e incumplimiento al deber de información a cargo de LAN PERU; situación que evidencia la brecha que existe entre la información con la que cuentan las empresas sobre el producto o servicio ofrecido y bajo la cual sustentan la aplicación de sus políticas, y la información incompleta que las empresas ponen al alcance de los usuarios; la cual puede ocasionar confusión y que los usuarios tomen decisiones desinformadas que posteriormente les ocasionen algún tipo de perjuicio.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: Expediente público NO. 03622-2014-0-1801-JR-CA-19 / Expediente privado NO. 06778-2012-0-1801-JR-CI-14

    Castro García-Yrigoyen, Cayetana (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-28)
    El Apéndice III de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobada por Decreto Legislativo No. 821 (posteriormente unificada por Decreto Supremo No. 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo), contenía las partidas arancelarias afectas al Impuesto Selectivo al Consumo, dicho esto, mediante Decreto Supremo No. 005-98-EF se incluyó en dicho Apéndice al producto Hulla, señalándose que a partir del 01 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2005 esta se encontraría gravada con S/.11.00 por tonelada. Luego, mediante Decreto Supremo No. 101-2002-EF se modifica el Apéndice III del Texto Único Ordenado antes indicado, estableciéndose que la Hulla se encontraría gravada con S/.11.46 por tonelada, no haciendo referencia alguna a la temporalidad establecida por Decreto Supremo No. 005-98-EF. En el presente caso, la empresa Cemento Sur S.A. realizó diversas importaciones durante los años 2006 y 2007 del producto Hulla, contenidas en las respectivas Declaraciones Únicas de Aduanas, por las cuales no efectuó el pago del Impuesto Selectivo al Consumo al considerar que las referidas no se encontraban afectas, toda vez que el Decreto Supremo No. 101-2002-EF, si bien había modificado el aspecto cuantitativo del hecho gravado, no había modificado la vigencia temporal establecida por el Decreto Supremo No. 005-98-EF. Por el contrario, la SUNAT considera que el producto se encontraba gravado con el Impuesto Selectivo al Consumo, de manera indefinida, de acuerdo a la modificación del Apéndice III realizada por Decreto Supremo No. 101-2002-EF, en consecuencia, según la Administración, correspondería el pago del impuesto omitido y un mayor pago de Impuesto General a las Ventas, intereses y sanciones. La controversia se centra en determinar si las importaciones de la Hulla se encontraban gravadas o no con el Impuesto Selectivo al Consumo a la fecha de numeración de las Declaraciones Únicas de Aduanas, momento en el cual nace la obligación tributaria aduanera, de acuerdo con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No. 129-2004-EF.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente Privado N° 1478-2011-0-0401-JR-CI-03 Expediente Público N° 16-2016/CPC-INDECOPI-SAM

    Centeno Quispe, Diana Katerine (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-06)
    En el caso materia del expediente privado, que tiene por pretensión la nulidad de acto jurídico interviniendo como demandantes dos personas naturales, representados por su apoderado Alfredo Eduardo de Amat Arestegui, quienes solicitan la nulidad de la compraventa; y accesoriamente la cancelación del asiento registral C00005 de la Partida Electrónica 01091871; alegando las causales de falta manifestación de voluntad, fin ilícito, simulación absoluta y, ser contrario al orden público y buenas costumbres.
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  • Informe para la sustentación de expedientes N° 5996-2013 y N° 1315-2019/CC2

    Nieto Ruffner, Betzi Katherine (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-15)
    El expediente N° 1315-2019/CC2 versa sobre una denuncia por presuntas infracciones al deber de idoneidad y atención de reclamos en relación al servicio de transporte. Asimismo, el expediente cuenta con resoluciones contradictorias en un determinado extremo referido a la infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en relación a que el personal de la empresa de transporte habría revisado el equipaje de la denunciante sin su permiso, exhibiendo sus prendas personales, vulnerando así su derecho a la privacidad. Siendo así en el expediente público, se ha tenido en cuenta la aplicación de determinadas instituciones jurídicos como el allanamiento, idoneidad, carga de la prueba y atención de reclamos, por lo que a fin de otorgar una posición analítica sobre el caso se ha recurrido a dos fuentes jurídicas como son la doctrina y la legislación sobre materia de protección al consumidor, así como a las normas especiales establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de transporte. Adicionalmente, se ha generado una gran disyuntiva con relación al cumplimiento de los términos contractuales a los cuales se obligan los consumidores, ya que este servicio de transporte contiene cláusulas generales de contratación referidas a la revisión de equipajes de mano.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente privado N° 00055-2011-0-3004-JM-CI-01 Expediente público N° 1295-2019/PS1

    Simpertigue Torres, Aileen Nicole (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-15)
    El expediente privado presentado para optar el título profesional de Abogada corresponde a la demanda de desalojo por ocupación precaria interpuesta por el Sr. Espinola contra Lucila y Victor, en virtud del art. 911 del Código Civil. En primera instancia, al no existir documentación que justifique la posesión de los demandados, el juez declaró FUNDADA la demanda y ordenó que los demandados desocupen el bien inmueble. En segunda instancia, la sala revoca la sentencia de primera instancia y reformulándola la declara improcedente, pues concluye que: i) los apelantes se encuentran en posesión del inmueble en virtud del derecho de uso y habitación que le fuera conferido por el propietario primigenio del inmueble, ii) el demandante antes de interponer la demanda de desalojo debió cumplir con las formalidades establecidas en el art. 1365 del Código Civil a efectos de otorgarle a los demandados un plazo no menor de 30 días para desocupar el inmueble. La Corte Suprema se pronuncia al respecto advirtiendo que la Sala no consideró la Carta notarial enviada por el demandante, mediante la cual el señor Espinola requiere la entrega del inmueble a los demandados, carta que fue enviada 30 días antes de que el demandado interpusiera su demanda de desalojo. Por lo tanto, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, pues considera que la Sala ha emitido una resolución que adolece de una debida motivación.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: 00184-2013-79-1903-JR-CI-02 / 00274-2012-0-2201-JM-FC-01 00184-2013-79-1903-JR-CI-02 / 00274-2012-0-2201-JM-FC-01

    Zarzosa Beas, Emil Jerry (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-09)
    El expediente 00274-2012 nos presenta un debate muy enriquecedor respecto a los alcances que puede presentar el principio del interés superior del niño; así como el grado de protección que debe de brindarle la justicia, con la finalidad de mantener las condiciones favorables que permitan al menor su normal desarrollo. En el presente caso, se aborda un derecho fundamental: el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 2°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Se abre, de esta forma, un interesante debate sobre dos posturas muy equilibradas. Por una parte, el demandante; quien solicita la impugnación del reconocimiento del menor, bajo el argumento de no ser el padre biológico del mismo, acreditando su pedido a través de una prueba de ADN que corrobora su versión. Además, refiere que, de llegar a declararse fundado su pedido, se deja abierta la posibilidad de que el padre biológico del menor pueda reconocerlo. La parte demandada, sostiene que el derecho a la identidad; sobre todo, en lo referente a los niños y adolescentes, se debe de analizar bajo una perspectiva más proteccionista. Resaltan el carácter irrevocable del reconocimiento, dispuesto por el artículo 395° del Código Civil. Finalmente, La Corte Suprema, quien conoce el proceso a través del recurso de casación, resuelve la controversia añadiendo la ponderación de los vicios de la voluntad y, sobre todo, la teoría de los actos propios; entendiendo que, el acto de reconocimiento de paternidad, voluntariamente inexacto, no puede ser cuestionado por quien lo celebró.
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  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente N° 02050-2011-0-0701-JR-CI-06 (Prescripción Adquisitiva de Dominio) Título N° 2004-330443 (Caducidad de Hipoteca)

    Buendia Cisneros, Noelia Esttefani (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-06-10)
    En el presente caso, los cónyuges Abelardo Huayra y Modesta Tito interpusieron una demanda contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia Constitucional del Callao, en la que solicitaron como pretensión principal la prescripción adquisitiva de dominio, a fin de ser declarados propietarios del bien inmueble rústico de área 31,929.13m2 ubicado en el sector del ex Fundo Márquez del distrito del Cercado del Callao de la Provincia Constitucional del Callao que forma parte de un predio de mayor extensión (área 1,038,110.70m2) inscrito en la partida N° 70373515 del Registro de Predios de la Oficina Registral del Callao a favor del Estado por haberlo adquirido al poseerlo de forma continua, pacífica y pública desde el año 1980; y, como pretensión accesoria, se disponga su independización de la matriz. En ese sentido, el presente expediente plantea resolver la cuestión siguiente: si es posible prescribir bienes de dominio del Estado antes de la vigencia de la Ley 29618 – Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal –. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Casación N° 291-2014, resuelve que la referida Ley no puede aplicarse a un hecho anterior a su vigencia, pues ninguna ley tiene eficacia retroactiva. Por tanto, los bienes de dominio del Estado sí pueden adquirirse por prescripción, bajo la legislación anterior.
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  • Informe para la sustentación de expedientes: 281- 2018/CC2 / 2158-185-2011-CCL

    Leon Guevara, Valeska Victoria (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-09)
    El presente expediente versa sobre la denuncia administrativa formulada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) contra Mondelez Perú por la presunta infracción al artículo 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lo anterior, en la medida que Mondelez Perú no habría cumplido con consignar en el etiquetado de su producto “Chips Ahoy” que este contenía insumos y/o componentes genéticamente modificados (GMO, por sus siglas en inglés). A lo largo del procedimiento, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, órgano resolutivo de primera instancia, así como la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa, analizan el marco normativo aplicable en torno a la obligación de informar al consumidor la presencia de componentes transgénicos, el mismo que presenta ciertas irregularidades. El presente caso originó una ampliada discusión entre los comisionados y vocales del INDECOPI respecto a la obligatoriedad de la mencionada disposición frente a la ausencia de una regulación técnica para el rotulado de productos transgénicos, generando, inclusive, un voto en discordia en segunda instancia.
    Acceso abierto
  • Informe para la sustentación de expedientes Expediente administrativo: N° 099-2017-CCD Expediente civil: N° 00284-2017-0-1817-SP-CO-01

    Zubiate Martínez, Karolina Inés (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-05-08)
    El procedimiento administrativo se llevó a cabo entre el litisconsorcio activo, quienes formularon denuncia contra Gloria S.A., a fin de que se declare fundada su denuncia por infracciones a los artículos 6.1°, 6.2° y 8° del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en concordancia con el Título V del Decreto Legislativo 807 sobre el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia, por realizar actos de competencia desleal proscritos por el Decreto Legislativo N° 1044 y el Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley N° 29571.
    Acceso abierto
  • Informe para la sustentación de expedientes: Expediente privado Nº 01257-2012-0-0401-JR-CI-09 Expediente público Nº 1009435-2018

    Chiclla Sanchez, Francisco Rodolfo (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022-04-10)
    El expediente privado que abordaré, versa sobre el desalojo por ocupación precaria interpuesto ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. La demanda es interpuesta por LUIS VALENTÍN GÓMEZ FLORES en contra de la pareja LUIS FELIPE HERRERA RAMOS y DELIA BERSABETH MESIAS DE HERRERA por el segundo piso de un inmueble ubicado en la Av. Lambramani Nº 219, Distrito de Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa. En primera y segunda instancia tuvieron decisiones discrepantes, en ambos, la controversia consistió en valorar el título de la demandada y determinar si ostenta la posesión del inmueble conforme a derecho. Respecto a la parte demandante, se centra en determinar si el Acta de Conciliación es un medio idóneo para configurar la ocupación precaria. El expediente fue elevado a la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarando infundada la casación interpuesta por Luis Felipe Herrera Ramos, la parte demandada. Señalando que no tiene título para poseer por cuanto el Acta de Conciliación constituye medio idóneo para demostrar que el consentimiento del demandante(propietario) ha fenecido.
    Acceso abierto

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